La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de tumbar el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) por considerarlo contrario a derecho, ha provocado la reacción de los grupos ecologistas que aplauden la decisión de la Generalitat de recurrir y luchar para blindar las costas. Ecologistas en Acción calificó ayer la sentencia, hecha pública ayer por este diario, de «floja» al contener «argumentos contradictorios con otros de la misma sala», mientras Salvem Lo Ferrís la consideró «un paso atrás». Por su parte, el PP instó al gobierno del Botànic a «recapacitar» y a «asumir el gran error que supone el Pativel».

Las reacciones a la sentencia del TSJ que declara nulo el Pativel -plan aprobado por el Consell en 2018 con el que pretendía blindar 3.000 hectáreas del litoral- no se han hecho esperar. Ayer desde Ecologistas en Acción, su portavoz, Carlos Arribas, señaló que la decisión del TSJ, adoptada tras el recurso contra el plan presentado por la constructora TM, «es negativa para el medio ambiente», dado que el Pativel pretendía blindar casi 3.000 hectáreas del litoral valenciano. «Nosotros mismos presentamos alegaciones para que fuera más protector».

Uno de los motivos que esgrime el TSJ, recordó Arribas, es que «no hay una correcta evaluación ambiental», algo que negó tajantemente, y recordó que «en la misma también se incluyen los aspectos económicos». Asimismo, insistió en que «es un disparate de sentencia», haciendo mención al punto en el que habla de «no incluir un informe de evaluación del impacto por razones de género». «¿Qué tiene que ver el género? Las ventanas al mar que se protegen en el Pativel son para el uso y disfrute de todo el mundo».

Protección de las dunas de la Cala Ferris de Torrevieja. | TONY SEVILLA

El portavoz de Ecologistas en Acción animó al Consell en su decisión de recurrir la sentencia y manifestó el convencimiento del colectivo de que «el Tribunal Supremo tumbará la anulación del Pativel». De hecho, insistió, «el voto discrepante de uno de los magistrados de la sala es muy positivo», ya que «cuando no hay unanimidad es que flojea, no hay suficientes criterios jurídicos».

Salvemos Lo Ferrís también lamentó ayer la decisión del TSJ, al considerarla «una muy mala noticia que nos devuelve a la casilla de salida después de años de lucha por preservar el entorno».

Esta asociación de Torrevieja apoyó desde el comienzo la confección del «plan de choque» que supone el Pativel para «acabar con años de despropósitos en la costa», incluso, «presentó alegaciones con el fin de salvaguardar este entorno, mejorando su conservación y regeneración, con peticiones como que se «aumentara el nivel de protección de la Cala Ferris, por su sistema dunar y sus palmeras centenarias», o que «hiciera una apuesta real por incorporar las vías pecuarias».

Por todo ello, el colectivo insistió ayer en que la nulidad el Pativel «es un paso atrás en una costa tan maltratada durante años y que continúa amenazada por un modelo de desarrollo agotado y obsoleto que, en lugar de regenerar y reinventarse, sigue apostando por un urbanismo a la carta», ya que, insistieron, «ni la crisis derivada de la pandemia parece detener la vorágine del ladrillo. Ni siquiera cuando se ha puesto de manifiesto la necesidad de espacios verdes y libres de cemento».

Del mismo modo que Ecologistas en Acción, Salvemos Lo Ferrís confía en que el Consell presente un recurso de casación ante el Supremo y defienda un plan que busca proteger el litoral valenciano.

No piensa del mismo modo la portavoz de Territorio y Medio Ambiente del grupo parlamentario del PP, Elisa Díaz, quien pidió ayer al titular de Territorio, Arcadi España, y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «recapaciten y asuman el gran error que supone el Pativel». La popular insistió en que «se ha demostrado que no es realmente un instrumento de protección del litoral, porque se realizó de mala manera, con improvisación, sectarismo, desinformación, mucha indefensión y muchas deficiencias que ya advirtió el PP». Por ello, pidió «la ‘real’ protección del litoral con compatibilidad de usos y actividades».