Tras un año de pandemia y crisis económica Save The Children hace balance para ver la situación de quien ya era vulnerable o vivía al límite antes de la aparición del covid-19 y los datos son demoledores: el 70 % de las familias que atiende la ONG, en sus programas de pobreza en la Comunidad Valenciana, tiene dificultades para pagar suministros básicos como la luz y el agua, y al 63 % le ocurre lo mismo con el alquiler o la hipoteca.
Conseguir una alimentación saludable para los pequeños es un imposible. El ocio ha desaparecido y el 32 % de los críos afirma que está «desmotivado» en los estudios. Mientras casi cuatro de cada diez familias vulnerables atendidas ha perdido su empleo. Son conclusiones de su informe «Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?».
La Comunidad Valenciana cerró 2020 con un total de 398.000 desempleados, 51.300 más que en 2019, y con más de 47.000 personas en ERTE, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Estar en ERTE, para personas como María del Mar, supone pasar de ingresar 1.000 a 600 euros. El alquiler es el mismo (450 euros en Paterna) y las necesidades de esta familia monoparental con dos hijos, evidentes. «Cuando voy al supermercado me tengo que privar de comprar muchas cosas, y sólo puedo coger marcas blancas y ofertas, tirar de producto congelado», explica la mujer.
«Es fundamental que el Consell continúe impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable, sobre todo aquella más afectada por las consecuencias de la pandemia, y elimine cualquier barrera que pueda impedir el acceso a estos servicios públicos a estas familias. Si no se sigue actuando con contundencia, los niños y las niñas que viven hoy en situación de pobreza serán adultos pobres», asegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Por ello, la ONG propone una serie de medidas para luchar contra la pobreza infantil, entre la que destaca una mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para igualar el umbral de acceso establecido al de pobreza moderada o, como mínimo, severa «e incluir a colectivos que ahora no pueden acogerse a esta ayuda como las familias con menores de edad en situación irregular o los jóvenes extutelados».
Del mismo modo, la entidad apuesta por implementar una nueva ayuda a la crianza que, en clave redistributiva y equiparada a los niveles de apoyo a la infancia existentes en la Unión Europea, «promueva mayores niveles de conciliación y alcance a un mayor número de familias con bajos ingresos y menores a cargo, más allá de las beneficiarias del IMV».
Para luchar contra la pobreza energética, Save the Children apuesta por extender la prohibición de los cortes de suministro energético más allá de la vigencia del estado de alarma y, en paralelo, avanzar hacia una reforma del bono social más acorde con las necesidades de consumo y niveles de ingreso de los hogares. A nivel autonómico solicitan ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, «priorizando a las familias con menores a cargo y monoparentales» y «aumentar los recursos especializados» en el sistema de servicios sociales, entre otras.
