El Consell ha reclamado al Gobierno central que amplíe, al menos hasta final de año, la moratoria por la que propietarios e inquilinos de una vivienda no puedan ser desahuciados a partir del próximo 9 de mayo, día en el que finaliza el estado de alarma y muchos de los dueños de un piso, que siguen en ERTE o, directamente, sin empleo, pueden ver complicada su situación para afrontar los pagos. La provincia tiene, según un informe de la Universidad de Alicante, 2,5 millones de viviendas con sus habitantes con serios problemas económicos. Alicante presenta la mayor concentración de problemas relacionados con el acceso a la vivienda de la Comunidad Valenciana. El motivo está relacionado con el menor nivel de ingresos por la fuerte dependencia de la economía del sector servicios –el más castigado por la crisis del covid–, y también por los bajos salarios asociados a las industrias manufacturas, marcadas por la competencia exterior y, por tanto, con presiones de competitividad que presionan los sueldos a la baja. Entre 2008 y 2018, apenas se construyó en la provincia, no hay pisos de alquiler público, ni vivienda suficiente. El alquiler privado no es alto pero no hay ingresos, por lo que los inquilinos que se han quedado sin trabajo forman ahora el colectivos más vulnerables y en riesgo de quedarse sin un techo.
En la provincia, el 100% de los hogares habitados por una persona joven pasan por apuros, y de los adultos (30-65 años), un 47,5% están mal. De las viviendas con niños, el 40,1% de los monoparentales y el 38,7% de los liderados por dos adultos, tienen dificultades, según el informe de la UA. Esta tasa tan elevada, que supone un 11,5% del total de hogares, implica que la pobreza infantil es uno de los principales problemas. En cuanto a los hogares de personas mayores de 65 años, un 17,4% de los unipersonales y un 37% de las parejas mayores pasan apuros.
Vivienda ha puesto en marcha un servicio de atención temprana por WhatsApp para las personas afectadas en el teléfono 722 846 606. A través del nuevo canal se pretende prestar atención diaria de carácter asistencial y legal entre las 10 horas y las 20 horas en días laborables. El registro con sistema de grabación telefónica de los mensajes de WhatsApp permite poder ofrecer un contacto personal telefónico dentro de las 24 horas siguientes, así como el posterior seguimiento de los casos atendidos y la derivación de los mismos a los servicios correspondientes. Se prestará atención en castellano o valenciano, según la elección de quien lo solicite, aseguran desde Vivienda.
La Unidad de Ayuda ante Desahucios, creada por el vicepresidente Martínez Dalmau, permite que la Generalitat cuente con un equipo multidisciplinar dedicado específicamente al seguimiento y la respuesta de las situaciones de emergencia habitacional que se den en la Comunidad Valenciana. Esta unidad tiene por objeto plantear una respuesta integral gracias a su coordinación con los servicios territoriales y con la red de oficinas de vivienda Xaloc en los diferentes municipios y mancomunidades. Su principal misión es atender desde la proximidad, caso por caso, todas las notificaciones de personas individuales, entidades o asociaciones de la sociedad civil.
Martínez Dalmau subraya que «con la Unidad de Ayuda ante Desahucios damos una respuesta institucional rápida y eficaz para hacer frente al principal problema social provocado por la crisis habitacional de nuestro país: los desahucios. Frente a la triste realidad de miles de familias que han perdido su hogar en los últimos años no caben medias tintas. El acceso a una vivienda digna tiene que dejar de ser una variable sujeta a la especulación de los mercados financieros».
Los Apis alertan de una posible subida del alquiler
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante advierte de que la propuesta del Gobierno de regular por Ley el precio de los alquileres puede provocar subidas de las rentas en Alicante. De hecho, experiencias similares en ciudades como Berlín han demostrado que la limitación de las rentas de alquiler conduce a la reducción de la oferta de viviendas para este fin y una subida de los precios. La presidenta del Colegio, Marifé Esteso, señala que los profesionales apuestan por otra solución: proporcionar incentivos fiscales o ayudas directas a los propietarios para conseguir que se introduzcan más viviendas en el mercado.
