La Conselleria de Educación va a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo «en todos sus términos» -como concretan a preguntas de este diario-, y devolverá el dinero devengado por los centros concertados los últimos cuatro años y durante tres cursos para mantener de forma privada las aulas de Bachillerato a las que se quitó la subvención.
Además, en el próximo proceso de matrícula para el curso que viene, del que está pendiente la renovación de oficio de los conciertos de Infantil, Secundaria y Bachillerato para los próximos cuatro años, Educación va a renovar «todos los conciertos postobligatorios que fueron desestimados en la resolución del 19 de mayo de 2017» y que en la provincia afecta a quince aulas de Bachillerato y otra de Formación Profesional de grado medio», afirman desde el gabinete del conseller Vicent Marzà.
En los primeros compases de este curso escolar, durante la primera comparecencia de los máximos responsables autonómicos, el propio Vicent Marzà y el secretario autonómico Miguel Soler, aseguraron estar dispuestos a cumplir la citada sentencia que da la razón a los centros concertados, al contemplar el derecho del alumnado a continuar su enseñanza en aulas concertadas, sin distinguir en que se trate de un nivel postobligatorio que es a lo que se acogía la conselleria en aras a su capacidad de organización de la enseñanza.
Entre los siete centros de la provincia que recurrieron la eliminación de las aulas, que Educación llevó a cabo amparándose en la racionalización del gasto por entender que, habiendo plazas libres de Bachillerato en centros públicos, no debía pagar dos veces por el mismo servicio, Maristas e Inmaculada Jesuitas de Alicante han recibido ya la resolución administrativa en cumplimiento de la citada sentencia.
La patronal del sector de la enseñanza concertada sopesa que la resoluciones se van a ir recibiendo en todos los centros recurrentes como un goteo, porque todos lo hicieron en la misma línea, como señala la secretaria general autonómica, Vicenta Rodríguez. El resto de los centros son Calasancio y Altozano de Alicante, Aitana de Elche, Sagrada Familia de Elda y Padre Dehón de Novelda.
Desde Educación confirman que «los abonos se realizarán a los centros que han mantenido en régimen privado dichas unidades no renovadas» y que para hacerlo efectivo «tienen que justificar los gastos de personal, seguridad social y del módulo de gastos de funcionamiento que han soportado, y también presentar el justificante de haber devuelto el dinero cobrado a las familias». No fija plazo para presentar los justificantes y «una vez los presenten y se verifiquen, se tramitarán los abonos», señalan.
La patronal concertada valora que «en principio está bien planteada la ejecución de la sentencia, y es justo que Educación pida que se presenten justificantes de los gastos para devolver el dinero, pero nos llama la atención y tenemos que aclarar con la conselleria, la exigencia de presentar de antemano el justificante de la devolución de las cuotas a las familias. Por sentido común, cuando recibamos el dinero de Educación, se devuelve a las familias y los justificamos», puntualiza la secretaria general.
Aunque celebra que se ejecute la sentencia, Vicenta Rodríguez lamenta que el proceso «se haya dilatado cuatro años y que sea un juez el que nos tenga que dar la razón en mantener el concierto de aulas que funcionaban con normalidad y que no son un privilegio en el derecho a la educación del alumnado», concluye.
Suprimen el concierto de 8 aulas por perder alumnos
Las aulas eliminadas de Bachillerato en 2017 se recuperan el curso próximo en la renovación de conciertos, pero Educación avanza que se suprimen 3 de Infantil, 2 de Primaria y 3 de Secundaria en toda la provincia «por disminución de alumnado».
