Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a primera hora de hoy al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio; al exteniente de alcalde del Ayuntamiento de València y mano derecha de Rita BarberáAlfonso Grau; a una de sus hijas; y al constructor Jaime María Febrer, por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en la que los políticos se habrían beneficiado económicamente a cambio de determinadas adjudicaciones inmobiliarias, dentro de la segunda fase de la Operación Azud que investigan un juzgado de València y la Fiscalía Anticorrupción. 

Además de esas cuatro detenciones, los agentes de la Guardia Civil especializados en corrupción han arrestado a otras nueve personas, en una operación simultánea llevada a cabo en València, Alicante, Madrid y Tomelloso (Ciudad Real).

La Operación Azud tuvo su primera fase hace poco más de dos años, en abril de 2019, con la detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín, y su socio, así como con la imputación en esa causa de su mujer y hermana de la fallecida alcaldesa de València, Asunción Barberá, y de las tres hijas del matrimonio. 

Corbín está acusado de catalizar, a través de su despacho profesional, el cobro de comisiones ilegales a contratistas del Ayuntamiento de València y, según las investigaciones de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza del caso, se habría erigido en la principal puerta de entrada de quienes pretendían cualquier negocio con el consistorio en las distintas legislaturas del Partido Popular. De hecho, la investigación del caso Azud abarca desde 2005 hasta 2015.

Las detenciones practicadas hoy son consecuencia de la investigación realizada por la Guardia Civil a partir de la documentación intervenida en la primera fase, y que habría puesto al descubierto una trama de mordidas -en metálico y en especie- para obtener tanto el derecho de construcción en parcelas de propiedad municipal como la compra de las mismas, que en muchas casos ni siquiera llegó a concretarse porque la llegada de la crisis económica dio al traste con las pretensiones del presunto corruptor, el empresario Jaime María Febrer, vinculado a una de las mayores operaciones urbanísticas de la ciudad: la compra de los terrenos en los que se levantaban los depósitos de CHL en Natzaret, por un importe de 300 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno Rafael Rubio, en una imagen de archivo. Rubio ha sido detenido hoy junto a Alfonso Grau por cobrar sobornos. M. A. MONTESINOS

La firma de Febrer objeto de investigación en esta segunda fase de la Operación Azud, Construcciones Valencia Constitución (CVC), quedó formalmente disuelta por un juzgado de València en 2013, tras un proceso de liquidación que la mantuvo durante un año en concurso de acreedores.

Entre las parcelas de titularidad pública sobre las que el empresario ahora detenido habría adquirido derechos de construcción entre los años 2007 y 2010 gracias al entramado de presuntos amaños descubierto ahora habría algunas precisamente en el distrito del Marítim, en las inmediaciones del Puerto, y otras, en el de Quatre Carreres.

Más de un millón de euros en metálico

Según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, el dinero percibido como mordida por Grau se sitúa en torno al millón de euros, mientras que Rubio habría recibido una cantidad inferior a los 500.000 euros. En ambos casos, y al parecer no fueron los únicos, esas cuantías llegaron presuntamente a sus bolsillos en metálico.

Todos los detenidos serán llevados esta misma mañana a distintos acuartelamientos de la Guardia Civil en València para mantener la incomunicación entre ellos, ya que la causa que sigue un juzgado valenciano desde 2017 continúa secreta.

El origen de la investigación de Azud se sitúa en una denuncia de la Agencia Tributaria derivada de una inspección fiscal realizada al cuñado de Rita Barberá, que se saldó con una regularización por importe de 600.000 euros. Una vez satisfecha la diferencia a favor del fisco, Hacienda presentó la denuncia por presunto delito fiscal contra Corbín. Fue a partir de ese momento cuando la UCO y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron las pesquisas que derivaron en la detención del abogado y de su familia.