Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de la Policía Local de cada municipio, intensificarán el control para evitar las aglomeraciones y los botellones en los espacios públicos, especialmente tras la finalización del toque de queda, cuya validez decae el próximo lunes.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvo ayer una reunión de coordinación de seguridad con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero; el alcalde de València, Joan Ribó; el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, y representantes de la Policía Nacional y Autonómica, y Guardia Civil. A la reunión también asistió la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, informó la Generalitat.
Tras el encuentro, el presidente de la Generalitat explicó que el objetivo fundamental de la reunión fue preparar el nuevo escenario que se abre a partir del martes con las nuevas medidas de protección frente a la pandemia y la finalización del toque de queda.
En este sentido, se acordó impulsar la unidad de acción de todas las administraciones y las fuerzas de seguridad para adaptarse a esta nueva etapa y prestar especial atención a cuestiones como la posibilidad de que se celebren botellones en el espacio público una vez finalice el horario de apertura de la restauración y el ocio nocturno a las dos de la madrugada.
También se insistió en la necesidad de prevenir las aglomeraciones en general y, en concreto, las relacionadas con festividades como Sant Joan.
Por otro lado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) denegó ayer la suspensión cautelar de las restricciones a la movilidad nocturna y a las reuniones sociales que están en vigor hasta el próximo martes. El TSJ considera que tanto la resolución de la Conselleria de Sanidad del 19 de mayo como el auto judicial de la propia Sala que autorizó estas medidas cumplen con la exigencia de justificación sobre su proporcionalidad que establece la sentencia dictada el jueves por el Tribunal Supremo en relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de las Islas Baleares.
La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo deniega de este modo la medida cautelar solicitada en un recurso para la protección de derechos fundamentales por un diputado autonómico de Vox.
