La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo ha comunicado esta mañana a los sindicatos y al resto de conselleries que el personal funcionario que todavía se encontraba el régimen de teletrabajo deberá regresar ya a su puesto de trabajo. Justicia ha justificado la decisión de poner fin al acuerdo actual por el que un tercio del personal trabajaba desde sus casas por la evolución favorable de la pandemia y por el hecho de que el grueso del funcionariado está ya vacunado.
A partir de que la nueva resolución entre en vigor, es decir, el próximo 15 de octubre, los empleados y empleadas de las distintas conselleries deberán volver físicamente a sus puestos. A partir de ese momento, el teletrabajo deberá regularse por el nuevo decreto aprobado por el Consell, según el cual se permite hasta un máximo de tres días de teletrabajo. Ahora bien, para ello las distintas subsecretarías de las conselleries deben presentar un programa de teletrabajo mediante un procedimiento reglado. La clave es que se abandona la excepcionalidad.
En su resolución, la conselleria de Justicia apunta que "la evolución favorable de la crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 y el alto nivel alcanzado de vacunación de la población con pauta completa permiten un regreso a la normalidad de la actividad administrativa en el ámbito de la Administración de la Generalitat" . Por ello, se establece una presencialidad de 100% en toda la plantilla de las conselleries, incluida la de los organismos públicos. Ello implica dejar sin efecto "las previsiones contenidas en la Resolución de 18 de mayo de 2021 respecto a la modalidad de teletrabajo en situación de crisis, y permitiendo la posibilidad de que se puedan formalizar programas de teletrabajo de carácter general de los regulados en el Capítulo II del Decreto 49/2021, en su caso".
En su momento, la regulación del teletrabajo y las distintas decisiones de la conselleria sobre el trabajo presencial del funcionariado durante la pandemia generó tensiones con las conselleries de Compromís. Ahora la piedra está en el tejado de las conselleries que deben presentar sus proyectos de teletrabajo a Función Pública. Precisamente, Justicia ha dado ese plazo de casi un mes para que la vuelta al trabajo presencial sea ordenada y los departamentos tengan tiempo de presentar sus propuestas. Los sindicatos han aceptado la resolución sin poner pegas.
