Los municipios de la Comunidad Valenciana sólo podrán destinar el 3% de su suelo no urbanizable común para la ubicación de plantas fotovoltaicas. Así lo establece la modificación que el Consell ha realizado en la normativa vigente con el fin de clarificar la situación a la que se enfrentan las provincias de Alicante, Valencia y Castellón ante la avalancha de solicitudes de instalación de plantas fotovoltaicas en sus respectivos términos municipales.
Un problema que en las comarcas alicantinas del interior ha generado un movimiento social creciente de rechazo entre ciudadanos y grupos ecologistas, que les ha llevado a movilizarse para exigir a los gobernantes que desautoricen todas aquellos proyectos de centrales solares que supongan un impacto ambiental, agrícola o paisajístico para el territorio. Los colectivos contrarios aseguran estar a favor de las energías renovables, pero con una “implantación racional basada en una planificación consensuada”, y proponen fomentar el autoconsumo energético y utilizar el espacio de las infraestructuras urbanas –polígonos industriales, canalizaciones, embalses, vías y carreteras- para instalar los paneles solares.
Entre los municipios más afectados en la provincia de Alicante por este “boom” solar se encuentran Salinas, Xixona, Monóvar y Villena. Pues bien, la nueva norma, publicada como Decreto Ley 1/022 de Medidas Urgentes en respuesta a la Emergencia Energética y Económica originada en la Comunidad Valenciana por la Guerra de Ucrania, limita al Ayuntamiento de Villena a destinar un máximo de 500 hectáreas de su término municipal, del total de las 34.500 sobre las que se asienta, para la instalación de paneles fotovoltaicos.
Para el concejal de Urbanismo de Villena este nuevo escenario permite clarificar mucho la situación real a la que se someten los municipios y sobre la que es necesaria dar una respuesta más allá del inmovilismo “ante la situación de crecimiento del precio de la energía, la absoluta dependencia de terceros países y una crisis medioambiental de efectos cada vez más severos”, indica Javier Martínez.
A partir de ahora, una vez que se ha determinado un máximo –indistintamente de las solicitudes que se hayan presentado– serán los Ayuntamientos y la Conselleria de Medio Ambiente las que deberán determinar cuáles son esas 500 hectáreas disponibles. Pero habrá que tener en cuenta que, en todo caso, debe tratarse de terreno no urbanizable de tipo común y cumplir con las exigencias recogidas en el artículo 10 del DL14/2020. Requisitos entre los que destaca que la zona susceptible de acoger una planta solar no se encuentre sujeta a ningún régimen de protección medioambiental, que no esté tampoco catalogado como inundable, que disponga del nivel de pendiente adecuado como fija la norma y que minimice al máximo el impacto paisajístico”.
No obstante, el primer paso lo tendrán que dar las autoridades autonómicas. Son las Consellerias competentes las que deberán determinar la viabilidad de las propuestas de las promotoras y, tal y como está ocurriendo actualmente, no todas serán aceptadas por su impacto o afección al medio natural o agrícola. Martínez aclaró que “una cosa es ver el volumen de solicitudes y otra cuáles de ella serán aprobadas. Hasta la fecha, las rechazadas por el Gobierno valenciano son muchas”. Posteriormente, se analizará aquellas que dispongan de un informe de impacto ambiental para ver qué territorio ocupan, en qué extensión y en qué condiciones.
Cabe recordar que la población de Villena ha sido la que más peticiones ha recibido en los dos últimos años por parte de empresas dedicadas a las energías renovables. Fueron más de veinte y la situación generó la alarma social y fuertes tensiones internas entre los socios del gobierno local que forman PSOE y Los Verdes. “Pero nuestra posición siempre ha buscado la cautela y la prudencia, midiendo la balanza para establecer un principio de equilibrio entre el respeto al territorio y la necesidad de hacer apuestas a modelos de energía verde y sostenible. Y seguimos pensando que esa postura es la correcta”, ha subrayado el edil socialista Javier Martínez. En su opinión todavía queda mucho recorrido y mucho trabajo por delante para garantizar que no se pierda suelo con valor agrícola, natural y paisajístico. Pero insiste en señalar que “Villena no puede dejar pasar una oportunidad de generar nuevas actividades económicas, nuevos puestos de trabajo y una posibilidad de contribuir al medio ambiente con energías más sostenibles”.
La Red Natura bajo amenaza
En este contexto la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables -entidad de la que forman parte 43 asociaciones- ha enviado una carta redactada en inglés y francés a todos los eurodiputados del Grupo Verde para alertarles sobre el proyecto ley aprobado por 13 Comunidades Autónomas –entre ellas la Valenciana- y destinado a autorizar la instalación de grandes centrales fotovoltaicas y eólicas en terrenos protegidos por la norma medioambiental europea Red Natura 2000. “La instalación de estas centrales solares provocará la tala de miles de árboles frutales, olivos y pinos situados en zonas protegidas”, advierte el coordinador autonómico, Julio Sierra.
Desde la Coordinadora también se señala que la mayoría de los pueblos de Alicante, Valencia y Castellón, cuyos términos están en el punto de mira de grandes inversores extranjeros, podrían cubrir sus necesidades eléctricas a través de comunidades energéticas locales y mediante el autoconsumo, con el apoyo de plantas solares a medida. “Y esto tendría, además, un impacto social muy positivo gracias a la drástica reducción de la factura eléctrica de los habitantes”, puntualiza Julio Sierra lanzando un mensaje de optimismo: “creemos que con voluntad política la necesaria transición energética puede ponerse bajo el signo de la inteligencia y el sentido común”.
