La Conselleria de Igualdad aumentará un 33 % la ayuda máxima que reciben los cuidadores no familiares. El objetivo es ayudar a las familias a afrontar la Seguridad Social de sus cuidadores y aflorar parte de la economía sumergida que existe en los trabajos de cuidados. Además, la Generalitat creará cursos para que estos cuidadores se formen mientras trabajan y puedan profesionalizarse y acabar creando una bolsa de empleados.
Así lo recoge la modificación del Decreto 62/2017, que cambia el reconocimiento del grado de dependencia y que, según la directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal, Mercè Martínez, «le da la vuelta a muchas prestaciones del catálogo, y garantiza la elección real de prestaciones por parte de la persona».
El objetivo del texto es fomentar su autonomía y que puedan estar cuidadas en sus casas el mayor tiempo posible y por profesionales. También vela por la libertad de elección, según recogió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). A partir de ahora la persona podrá decidir (informe médico mediante) las ayudas que prefiere y combinarlas en función de las horas que tenga. Por ejemplo, se podrá estar cuidado por una persona del Servicio de Atención a Domicilio y al mismo tiempo en un centro de día.
Igualdad, además, regulará los precios de las residencias para evitar sobrecostes en los casos de personas dependientes que tenga que derivar a una plaza fuera del sistema público. Esto es porque se presta especial atención a la Prestación Vinculada de Garantía, que obliga a que, cuando no exista residencia de la red pública, se pague una plaza en otro centro privado a menos de 20 km del domicilio.
Según explica Martínez, la prestación en estos casos suele alcanzaer los 1.850 euros -lo que cuestan los cuidados de un mes en una residencia-, pero algunas familias notificaban facturas mucho mayores y servicios que no entran en los casos de residencias públicas. Así, Igualdad obligará a las residencias a respetar ese margen de 1.850 euros como base.
Según Martínez, esto generaba dos situaciones. La primera es que se creaban beneficiarios de primera y de segunda, y que muchas familias tenían que enfrentar costes mucho más elevados a la espera de la ayuda tras haber firmado el servicio en ese centro. Según Martínez «una residencia no puede cobrar 400 euros más al mes por el mismo servicio, deberá adecuarse a esta prestación si aceptan a las personas que les derivamos».
Todos los esfuerzos de Igualdad van centrados en que «la gente tenga mucha más calidad de vida». El primer punto es que la atención sea profesional y el segundo que sea en casa en la medida de lo posible. Pero al mismo tiempo se trata de dar autonomía a la persona para que decida sobre su propia vida. Pese a que los informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales critican la dependencia «low cost» de la Comunidad Valenciana por basarse en cuidadores familiares, Martínez defiende esto como algo bueno. «Si la persona decide que la cuide su familiar nosotros no somos nadie para negárselo, tenemos que respetar lo que quiera», aclara.
Cursos de formación
La formación también es un punto fundamental que se cambia en el decreto, ya que todas las comunidades autónomas acusan una falta de profesionales acreditados en el sector de los cuidados. Igualdad ha decidido poner cursos de formación para los cuidadores y que, mientras trabajan, puedan acreditar estos conocimientos y trabajar en otros lugares como centros de día o residencias.
