El DOGV publica la ley de Concordia de PP y Vox 18 días después de su aprobación

La ley de Concordia ya está publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV). La norma, pactada por PP y Vox y aprobada con los votos de ambos grupos en las Corts el pasado 18 de julio, ve la luz 18 días después de recibir el visto bueno del parlamento valenciano. Pese a la tardanza, la polémica ley nace sin modificaciones, por lo que salvo sorpresa será recurrida por el Gobierno central. Su publicación deja sin efectos la ley de Memoria Democrática de 2017 firmada por el Botànic.

De esta forma, quedan derogados los 65 artículos de aquella norma, se disuelve cualquier organismo o institución surgido al amparo de aquella (como el Instituto Valenciano de Memoria que se preparaba en Alicante) y se frena todo procedimiento igualmente impulsado en virtud de la ley anterior, excepto las exhumaciones.

Se sustituyen por los apenas cinco puntos de la nueva norma, que como principal novedad retrotraen el período de aplicación al inicio de la Segunda República, uno de los aspectos más cuestionados por colectivos memorialistas, que consideran que se diluyen los crímenes franquistas y la protección a esas víctimas, así como que se equiparan períodos democráticos con la dictadura. La nueva ley incluye expresamente a víctimas de terrorismo etarra o islámico.

Estos aspectos le valieron al Consell un reproche expreso de un grupo de relatores de la ONU, que en un informe sobre estas normas que PP y Vox promovieron en varias autonomías compartidas, concluyó que la valenciana "desvirtúa" el reconocimiento y la atención a las víctimas del franquismo y de la guerra civil al "asimilar" las "graves violaciones" de derechos humanos cometidos en estos periodos con otro grupo "heterogéneo" de crímenes.

Al calor de aquellas conclusiones el Gobierno advirtió de que recurriría todas estas normas autonómicas. Ya lo hizo con la de Aragón y previsiblemente lo haga ahora con la valenciana, ahora que ya ha sido publicada. El president Carlos Mazón criticó hace pocos días que Moncloa "vaya invadiendo competencias autonómicas" con estos recursos judiciales, si bien se mostró abierto a "seguir hablando" en busca de acuerdos. Ese diálogo podría tener lugar en los 15 días que el Ejecutivo concede a los gobiernos regionales en casos como el actual, en el que considera inconstitucional una norma. El Ministerio de Política Territorial abrirá una bilateral con el Consell y en caso de que no se consensúen los cambios requeridos, acudirá al Tribunal Consitucional.

La norma se ha convertido en el principal eje de enfrentamiento político del Consell no solo con el Gobierno central sino con la oposición en las Corts. De hecho, aunque Vox ya no está en el gobierno valenciano, el PSPV ponía hace escasos días la exigencia de derogar esta ley como punto base para poder explorar pactos puntuales con el PP de Mazón.

El último baile de Barrera

Caprichos del destino, la norma con más aroma a Vox de todas las sacadas adelante por el Consell de coalición se aprobó en las Corts unas horas antes de que Santiago Abascal ordenara la ruptura de todos los Ejecutivos autonómicos compartidos con el PP. Fue un pleno cargado de emociones y que evidenció que los representantes de Vox en el Consell no compartían la decisión de su líder nacional.

Prueba del sello que deja Vox en esta ley es que esta no estaba incluida en el programa electoral de Mazón. Asimismo, el primer borrador de la norma propuesto por Vox tuvo que ser rebajado por el socio mayoritario, que eliminó fragmentos que profundizaban en el carácter violento de la Segunda República.

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