La batalla por el relato llega a la investigación de las Cortes

La comisión del parlamento valenciano sobre la gestión dana se constituirá este lunes convirtiéndose en un nuevo campo para la contienda partidista. A quién se ha de citar a comparecer se convierte en el grueso de la discusión mientras la izquierda agita el temor a que se repita lo ocurrido en la investigación del metro

El diputado del PP, José Ramon González de Zárate, muestra una foto del presidente de la CHJ, Miguel Polo, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

El diputado del PP, José Ramon González de Zárate, muestra una foto del presidente de la CHJ, Miguel Polo, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

A quién. Es la piedra angular sobre la que pivotará la comisión de investigación de la gestión de la dana que las Cortes iniciará este lunes. A quién se va a citar a comparecer es la principal batalla que librarán los partidos dentro de la ‘guerra’ dialéctica que supone el tan mentado y etéreo relato. La comisión se avecina un nuevo espacio de confrontación donde el objetivo de poner luz sobre la gestión de la dana conlleva ya de inicio empujones de hacia dónde (y quién) poner el foco.

Al menos, eso queda tras consultar a los cuatro grupos parlamentarios representados en la cámara autonómica por cómo afrontan estas sesiones. De hecho, ya en la primera, donde se elige la composición de la Mesa (que hace las labores de coordinación), se espera que haya pugna. «Si el PP quiere hacer con la comisión de la dana como en la del accidente del metro lo veremos en la primera sesión, cuando se elija a los representantes de la mesa», advertía esta semana el síndic del PSPV, José Muñoz, que pide que esta esté «presidida por el principal partido de la oposición», es decir, los socialistas. No será así. La propia Diana Morant desvelaba este sábado un previsible pacto entre PP y Vox. Los populares solo han presentado candidatos a la vicepresidencia (Vicente Betoret y Laura Chuliá), mientras que Vox, ha hecho a la inversa: sólo presenta una candidata a la presidencia, Miriam Turiel Mollá.

El fantasma de la comisión del accidente de metro es agitado por las formaciones de izquierdas. Es el ejemplo a evitar. Se abrió a las dos semanas del descarrilamiento, se celebraron cuatro días de sesiones con 32 comparecientes y el dictamen señaló que la causa fue el exceso de velocidad y que la línea 1 era segura. No compareció el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps y solo se aceptaron cinco de los propuestos por la oposición gracias a la mayoría absoluta del PP.

Más difícil es que en esta ocasión el máximo responsable del Consell, Carlos Mazón, no sea incluido en el plan de trabajo que se apruebe. Su nombre es el más repetido junto al de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas. Hasta Vox señala a ambos dirigentes para ser llamados por su papel el 29 de octubre y estar en el Cecopi. A partir de esos dos nombres, el abanico de posibles comparecientes se abre y empieza la melé de llevar las responsabilidades hacia uno u otro campo.

Así, Compromís señala entre otros su intención de llamar al dueño del Ventorro para saber qué ocurrió durante la comida y la sobremesa de Mazón ese día. Los valencianistas, según Isaura Navarro, ya están preparando todos los documentos a solicitar sobre esa jornada e insisten en que han de ir quienes estaban en el Cecopi. «Esperamos que no haya vetos», avisa Navarro.

Hacia la gestión del Consell el día D apuntan los socialistas. «De lo que hizo Mazón ese día tenemos más de siete versiones diferentes, esperemos que se nos diga la verdad», añade Muñoz, que asegura que los socialistas están «trabajando en un plan de trabajo que nos permita tener una radiografía completa de lo que ocurrió».

«La izquierda está construyendo un relato con falsos juicios de valor, sin basarse en hechos objetivos», rebaten en el PP. En su caso, igual que Vox, ponen sus ojos en la responsabilidad del Gobierno central y sus organismos dependientes. Los populares insisten especialmente en la «falta de información» del barranco del Poyo, de lo que responsabilizan a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a su presidente, Miguel Polo. Tanto a Polo como al jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, los consideran «relevantes» en la gestión de la catástrofe que «todavía no se han pronunciado» porque serán citados.

Los dos nombres y el de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también coinciden con los objetivos voxistas. Su síndic, José María Llanos, asegura que han de comparecer «los ministros que despreciaron, abandonaron y cometieron a nuestro juicio graves irregularidades», en referencia a Teresa Ribera, entonces titular de Transición Ecológica, y Margarita Robles, de Defensa, así como el presidente del Gobierno «de paseo romántico por la India» —era una visita oficial con recepción del primer ministro—.

Esas propuestas generarán más tensión en la cámara. Los socialistas insisten en que las Cortes «a quien fiscaliza es al Consell», de quien recuerdan que tiene las «competencias exclusivas» en emergencias, dejando al margen al Gobierno central mientras que Compromís sí considera necesario que acudan tanto Polo como Pilar Bernabé porque estaban en el Cecopi, pero no, por ejemplo, Ribera, que esa tarde estaba en Bruselas.

Pero la comisión no se quedará solo el 29 de octubre. Se apuntará también a los días siguientes, «donde también hay mucho que hablar», agrega Navarro, que cita el despliegue de cuerpos como los bomberos o el ejército, la tardanza para limpiar los garajes o la tramitación de ayudas.

El objetivo, coinciden todos, es «depurar responsabilidades políticas», ver qué y quién falló, una investigación que irá en paralelo a la vía judicial y que determinará la locuacidad de algunos comparecientes. No obstante, toda la intencionalidad mencionada deberá aterrizar en un plan de trabajo, pactarlo y desarrollarlo en 12 meses. Será la hoja de ruta que permita ver si hay investigación o es otro asalto más en la batalla del relato.

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