Pradas se escuda en las obras pendientes desde 2011 y corresponsabiliza al Gobierno de lo que decidió el Cecopi

La defensa de la extitular de Emergencias apela contra su imputación y pide el fin de la vía penal sobre los sucesos del 29 de octubre

La jueza de la dana cita el 11 de abril a declarar como investigados a Pradas y Argüeso

La jueza de la dana cita el 11 de abril a declarar como investigados a Pradas y Argüeso / Europa Press

Había obras pendientes no ejecutadas, una "selva normativa" y una responsabilidad "dual" que también implican a la delegada del Gobierno en las decisiones que se tomaron esta tarde. Son las líneas maestras de la defensa de la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, princial investigada por los sucesos del 29 de octubre y, en su propia opinión, "cabeza de turco" para atribuirle los casi 228 fallecidos.

La exconsellera Salomé Pradas ha presentado recurso ante la Audiencia por su imputación en la causa de la dana esgrimiendo que las competencias aquel día no eran solo de la Generalitat, sino también del Gobierno central. “Las competencias en las materias afectadas por la acción de la Dana, no se refieren sólo a «protección civil» y desde luego, el Estado tiene igualmente competencias y de él dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos, como la Delegación del Gobierno, la AEMT y la Confederación del Júcar. También defiende la existencia de obras pendientes que hubieran minimizado el efecto de una riada que llegó con una "rapidez imparable". Entre ellas, la presa de Cheste en 2005 y las obras de encauzamiento del barranco del Poyo que se iban a hacer en 2011 y tampoco se hicieron.

La defensa de Pradas insiste que aunque la titular del Juzgado de Catarroja la imputa en calidad de “máxima autoridad", obviándose que existía codirección con la Delegada del Gobierno en relación a las medidas de autoprotección de la población, la condición de investigada en un proceso para averiguar las responsabilidades penales por 225 homicidios imprudentes así como por lesiones imprudentes.

Además, la defensa reclama poner fin a la vía penal -"una tarea verdaderamente hercúlea por su complejidad, extensión, duración en el tiempo, personas físicas y jurídicas inclocradas"- para "dirigir el tiro a donde procede": la vía contencioso-administrativa, para determinar las indemnizaciones a las víctimas.

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