El comisionado del Gobierno para la dana, contra las cuerdas

Menos de 48 horas después de que trascendiera el informe de la Agencia Antifraude que denuncia el posible falseamiento de un título universitario por parte del comisionado del Gobierno para la dana, así como la apertura de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, José María Ángel quedaba este miércoles contra las cuerdas, a la espera de decisiones del Ejecutivo y en medio de un silencio total del PSPV, del que es presidente.

El martes, el mismo día en que saltó la crisis, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lanzó un mensaje de "prudencia", evitando una defensa explícita del comisionado. Este miércoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (del que depende el comisionado), aseguraba que ha solicitado, por escrito, la documentación en relación a las acusaciones de haber falsificado un título universitario. Con la información en la mano, la analizarían y adoptarían la "decisión pertinente".

Ángel trató de mostrar normalidad manteniendo su agenda institucional. El comisionado recibió en la Delegación del Gobierno, por la tarde, a miembros de los Comités Locales de Reconstrucción para recibir sus propuestas. No obstante, no hubo atención a los periodistas, pese a la expectación levantada en la puerta. Fuentes de su equipo aseguraron que el dirigente socialista no quería hacer declaraciones y que se circunscribían al funcionamiento habitual en estos encuentros, donde han mantenido un perfil mediático bajo. Al cierre de esta edición, seguía en la delegación.

Silencio público, llamadas en privado

Fue, en realidad, una jornada de constante comunicación entre el comisionado, el Ministerio de Política Territorial, de quien depende orgánicamente, y la propia sede del Gobierno. Ángel ha preparado un pequeño dossier en que certifica que su acceso en 1986 a la plaza de grupo A2 que tiene en propiedad en la diputación se ajustó a los requisitos de la convocatoria. Pero queda la duda, difícil de justificar, en torno a un título falso de diplomado en Archivística y Biblioteconomía que ha sido encontrado en su expediente laboral. Las fuentes consultadas por Levante-EMV admitían que la situación del exsecretario autonómico de Emergencias es complicada.

Más aún, porque al margen de la investigación judicial, a la que expertos jurídicos ven escaso recorrido por la prescripción de unos hechos de hace cuatro décadas, la Diputación de Valencia ha elevado la presión sobre Ángel. No es solo el comisionado el investigado, el equipo de gobierno de Vicent Mompó pone el foco también en su mujer. En concreto, la corporación provincial ha decidido abrir un segundo expediente reservado de información, que es el nombre con que se conocen las investigaciones internas, a la exdiputada socialista Carmen Ninet.

Ninet, como el comisionado, está adscrita laboralmente a la corporación provincial. Desde 2016 ocupa una plaza de subdirectora del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM). Es una plaza de categoría alta (A1), pero según ha trascendido en las últimas horas, Ninet carece de titulación superior, algo incompatible con un puesto de dirección en el museo, a ojos del actual equipo de gobierno de la diputación.

No obstante, fuentes consultadas por este diario señalan que, al ser personal laboral no funcionaria, quedaría salvado ese requisito que sí se exige para ser funcionario de carrera A1: la licenciatura universitaria. De un modo u otro, la diputación ha abierto investigación con el objeto de que acredite que su designación no incumple ningún procedimiento.

Según fuentes oficiales de la diputación, este movimiento se ha realizado tras algunas informaciones que cuestionan ese nombramiento realizado con el anterior equipo de gobierno dentro de una modificación en la relación de puestos de trabajo (RPT). Ninet, también veterana en la nomenclatura del PSPV, ya era personal de la diputación en los años ochenta del siglo pasado y ha ocupado diversos puestos, como los de administradora de la plaza de toros y del Teatre Principal de València.

Con este expediente, ya son cuatro los funcionarios que están siendo investigados desde que la Agencia Antifraude, dependiente del Consell, requiriera a la corporación que emprendiera actuaciones tras el informe conocido esta semana, que pone en duda el acceso de José María Ángel a su plaza de A2, al carecer de diplomatura, señalando además la existencia de un título falso de Archivística y Biblioteconomía, fechado en septiembre de 1983.

El equipo de gobierno quiere esclarecer si se benefició de ese título falso para acceder a la carrera funcionarial, aunque el propio Ángel ha explicado que en aquel proceso de promoción interna de 1986, que era restringido para el cuerpo de auxiliares de archivos de la diputación, al que ya pertenecía Ángel) no se exigía ningún título superior.

Suscríbete para seguir leyendo