La jueza de la dana investiga la muerte de ocho residentes en viviendas tuteladas en Picanya

La jueza de la dana investiga la muerte de ocho de los residentes en las viviendas tuteladas gestionadas por la Generalitat en Picanya, ubicadas junto al barranco de Torrent, como se conoce en el municipio de l'Horta Sud al barranco del Poyo. Así consta en una providencia notificada el viernes a las partes, en la que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra reclama a la Conselleria de Servicios Sociales y al Ivvsa (Instituto valenciano de vivienda SA), el antecesor de la Evha (Entitat valenciana d'Habitatge), así como al centro de día del servicio diversa documentación sobre las decisiones adoptadas el 29 de octubre de 2024 que impidieron poner a salvo a las ocho víctimas mortales de las casas tuteladas.

Personas de avanzada edad aún independientes

Un total de ocho personas fallecieron el 29 de octubre sin posibilidad de ser rescatadas ya que, cuando algunas de estas personas mayores alertaron a sus familiares, estos ya no pudieron acceder a las viviendas tuteladas cuya construcción finalizó en 2007. Todas las víctimas eran personas de avanzada edad, con edades comprendidas entre los 78 y 98, pero aún autosuficientes para poder vivir de forma independiente. Al menos una de estas fallecidas de Picanya, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ya investigaba por qué no fue informada de la amenaza de lluvia a través del servicio de teleasistencia. Las grabaciones de estas seis personas que activaron el servicio se incorporaron a la causa de la dana, como contó Levante-EMV.

A petición de la Asociación de víctimas mortales de la dana

A instancias de una familiar de las ocho víctimas, representada por los letrados de la Asociación de víctimas mortales de la dana, Vicente Simó y Julio Ibáñez, la jueza de la dana ha requerido diversa documentación a la administración autonómica, responsable de la gestión de las viviendas y el centro de día, como consta en la providencia dictada el viernes por la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

Viviendas dependientes de la Evha

La magistrada requiere al Instituto Valenciano de Vivienda SA, la actual Evha (Entitat valenciana d'habitatge i sòl) para que, "en el plazo de 3 días, informe sobre las condiciones que eran necesarias para ser arrendatario en las viviendas sitas en la calle de Picanya donde están ubicadas las viviendas tuteladas". De igual manera, la magistrada también requiere a la Conselleria de Servicios Sociales para que en el mismo plazo de tres días, "informe al juzgado si los residentes en las viviendas para mayores recibían prestaciones asistenciales, y en su caso, de qué tipo, con qué periodicidad, si estaban sometidas a algún tipo de contraprestación, y si la eventual asistencia a los residentes iba acompañada de dispositivos de teleasistencia".

Pregunta si se desalojó a los usuarios del Centro de día

Por último, el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja también requiere al Centro de día Lloc del Major, construido junto a las viviendas tuteladas, para que, en el plazo de tres días, "informe si los residentes o usuarios de dicho Centro de día fueron desalojados el día 29 de octubre de 2024, y en su caso, de qué información disponían para haber procedido a dicho desalojo".

Solicitud de información de Compromís en las Corts Valencianes

Esta misma información también la solicitó a la Conselleria de Servicios Sociales el Grupo Parlamentario Compromís en las Corts ya que, según revelaron, en las viviendas tuteladas de Picanya las personas fallecidas se quedaron atrapadas por el agua, aunque otras pudieron aislarse durante horas en el tejado hasta que pudieron ser rescatadas. Un detalle que la misma noche del 29 de octubre de 2024 desveló una de las propias afectadas, Amparo, que tras no poder contactar con el teléfono de emergencias 112 llamó en directo a À Punt para pedir ayuda.

Citación de la vicepresidenta y exconsellera de Servicios Sociales

La exconsellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, está citada a declarar como testigo en la causa de la dana, aunque aún no tiene fecha señalada para comparecer ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Según informe de la Conselleria de Emergencias aportado a la causa judicial la entonces vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero se unió a la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), de forma telemática, a las 17.02 horas y la abandonó 38 minutos después, a las 17.40, para acudir a una entrega de premios que según su agenda oficial transcurrió entre las 18.00 y las 19.15 horas.

"Invitada" en el Cecopi

Según las explicaciones que facilitó Camarero, la vicepresidenta no forma parte del Cecopi sino que fue convocada como "invitada". Y se volvió a conectar tras las grandes decisiones (sobre todo el envío del Es Alert de las 20.11 horas) ya tomadas: a las 20.58 horas sólo dos minutos y, posteriormente, de nuevo a las 21.43 horas.

Horas de activación de la teleasistencia

La jueza de la dana investiga, precisamente, la falta de reacción de las administraciones responsables del servicio de teleasistencia ya que las llamadas más tempranas al servicio de las seis víctimas que lo activaron, de las 37 personas fallecidas adheridas, se produjeron entre las 15.51 horas en la comarca de Requena-Utiel y las 18.52 horas en l'Horta Sud , según se desprende de la documentación aportada por la empresa Servicios de Telasistencia SA a la causa de la dana.

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