El nuevo modelo supondrá 675 euros más por valenciano y reduce la brecha con las mejor financiadas

Todavía no se conocen cifras concretas ni siquiera si saldrá adelante o incluso si las características del modelo expuesto por María Jesús Montero este viernes sufrirá algún cambio durante los trámites que le quedan, sin embargo, en caso de aprobarse (para lo que se necesita el apoyo del Congreso) y entrar en vigor en 2027 el nuevo sistema paliaría una de las cifras más alarmantes del reparto en vigor: la brecha que existe en la financiación per cápita entre las regiones más beneficiadas (el caso más claro es Cantabria) y las más perjudicadas (entre las que está la Comunidad Valenciana), una diferencia que ha llegado a rozar los mil euros.

El dato en bruto facilitado por el Ministerio de Hacienda es que la Comunidad Valenciana en caso de aprobarse el modelo recibirá 3.669 millones más que lo que recibiría en 2027 si no se aprobase. Sería en términos absolutos la tercera autonomía que más incrementase sus recursos solo por detrás de Andalucía, la más beneficiada con una subida de 4.846 millones más, y Cataluña, con 4.687 extra, beneficiándose tanto de la mayor aportación del Estado (21.000 millones más) como de los cambios de criterio introducidos, basados de nuevo en la población ajustada.

Sin embargo, el aumento de 3.669 millones parte de cierta base de misterio ya que según explican fuentes del Ejecutivo central el incremento se calcula en los rendimientos previstos para 2027 si no hubiera cambio, cifra que el ministerio no facilita. Es decir, se sabe que habría una mejoría, pero se desconoce cuánta respecto a lo que se está recibiendo este año o se recibió el pasado. Esto impide saber el montante global del reparto exacto a cada autonomía y su cálculo por habitante, pero no evita saber que atajará uno de los problemas más graves del modelo actual: la brecha existente entre las mejor y peor tratadas.

Los últimos datos de un ejercicio completo, ya con las liquidaciones calculadas (con dos años de margen), son del 2023. En este, el sistema de financiación dio 4.077 euros por habitante en Cantabria, la que más, por los 3.120 per cápita en Murcia (la que menos) o los 3.141 en la Comunidad Valenciana, la penúltima. Son 936 euros de diferencia. Esta brecha era en 2023 mayor que doce años antes, en 2011, cuando era 606 porque los recursos han aumentado, pero lo han hecho a partir de un reparto no equitativo, agravando estas diferencias. Ahora, con el modelo propuesto por Hacienda, esa distancia sufriría un recorte considerable.

En este sentido, la Comunidad Valenciana es la segunda que se ve más beneficiada por habitante: unos 675 euros extra en 2027 siempre en su comparación con su proyección respecto al modelo vigente y considerablemente por encima de la mejora de media: 452 euros. Solo Murcia saldría mejor parada en este aspecto: 750 euros. Este incremento per cápita extra contrasta con el que tendrían autonomías que han estado en la parte superior de tabla como Asturias (245 euros), Galicia (216 euros) o La Rioja (76 euros). Cantabria, por su parte, solo recibirá como extra el de compensación interterritorial, fuera del modelo, recortando la distancia.

Examen en el Congreso

Para que se dé esta convergencia ha influido tanto la nueva configuración en el reparto de la población ajustada, que sigue siendo la base del modelo de reparto, como el incremento de los recursos en el sistema gracias al mayor peso del IRPF y el IVA para las autonomías (se pasa del 50 % al 55 y 56 % respectivamente), como a nuevos elementos que influyen en este reparto. Entre ellos destaca la aprobación de un fondo de cambio climático de 1.000 millones que beneficiará especialmente (con dos tercios del citado fondo) a las autonomías mediterráneas más golpeadas por fenómenos climáticos como la dana.

Pero más allá de la forma de reparto y su incremento, el nuevo sistema tendrá también efectos prácticos sobre la autonomía fiscal de las comunidades. De hecho, Montero ha abierto la puerta a que los territorios que lo deseen se podrán incroporar a un mecanismo de "caja común" con el Estado que sustituya el sistema de liquidaciones cada dos años para poder disponer del dinero que se va recaudando casi de manera actualizada. También se abre la posibilidad de gestionar el 5 % del IVA de las pymes. Otro punto importante serán las medidas que se tomen para evitar el "dumping fiscal".

La presentación de este nuevo modelo este viernes por parte de la vicepresidenta primera es solo el primer paso de un camino que no está exento de obstáculos para que pueda entrar en vigor el próximo enero. "Tenemos todo un año", aseguró Montero quien tendrá su primer examen en un Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles. Ahí solo necesitará el apoyo de una autonomía (con Cataluña le bastaría) para pasar el corte. Después llevará a cabo encuentros bilaterales con las autonomías antes de presentar la reforma de la ley y llegar al punto más difícil: el Congreso. Ahí deberá convencer a una mayoría siempre compleja vistos los reparos de Junts y del PP.

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