Remiten a la Audiencia de Valencia el juicio contra Cristina Seguí por revelar la identidad de una menor acogida por un matrimonio gay

La agitadora ultra, Cristina Seguí, ha vuelto a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados. Tras ser condenada a quince meses de cárcel por denigrar a una menor que fue víctima de una manada sexual en Burjassot, la cofundadora de Vox en Valencia vuelve a enfrentarse a un tribunal, esta vez por revelar la identidad de una menor tutelada que fue acogida por un matrimonio gay a través de un vídeo difundido por sus redes sociales.

Por estos hechos ocurridos en noviembre de 2022 el Ministerio Fiscal solicita provisionalmente una pena global de cuatro años y medio de prisión por tres delitos contra la intimidad con la agravante de discriminación por orientación sexual. La acusación particular, por su parte, le atribuye un delito de odio, lo que ha llevado a la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia a suspender el juicio por falta de competencias y remitir la causa a la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de enjuiciar este tipo de delitos.

Condena previa

Este aplazamiento supone un tiempo extra para Seguí, que ya ha manifestado su negativa a alcanzar ningún acuerdo con la Fiscalía, quien se enfrenta a su segunda condena, después de que la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 1 de València la condenara a quince meses de prisión y el pago de una multa de 900 euros por un delito contra la integridad moral.

En esa ocasión, la jueza vio probado que la agitadora ultra difundió un vídeo en el que las dos víctimas de la violación múltiple de Burjassot, entonces de 12 y 13 años, y una amiga de ambas realizaban comentarios en un directo privado de Instagram un día después de las violaciones con "la intención de menospreciar y denigrar a esas menores públicamente".

Difundió los datos de los adoptantes

Los hechos que ahora están a la espera de ser juzgados se remontan al 4 de noviembre de 2022, cuando Cristina Seguí, a través de su perfil en la red social X, difundió un vídeo para criticar la adopción de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana por parte de una pareja LGTBI. En dicha publicación, la acusada proporcionó los datos de identidad de la menor y de la pareja acogedora, entre ellos sus nombres, apellidos, profesión, cargo y lugar de residencia.

Asimismo, en el texto se refería a la menor como "la bebé robada de Castellón" y al proceso de adopción como "un experimento del lobby gay". Todo ello acompañado de "comentarios despreciativos por razón de su orientación sexual", diciendo que le escandaliza que den a los niños en adopción a parejas homosexuales por el hecho de serlo.

Los padres tuvieron que mudarse

Para la acusación pública, estos hechos son constitutivos de tres delitos contra la intimidad con la agravante de discriminación por orientación sexual ya que, según las conclusiones provisionales, la acusada "evidencia su animadversión a la orientación sexual de la pareja" en sus palabras.

Unas palabras que fueron acompañadas de una imagen en la que se muestra la imagen de los acogedores y de la menor, y que posteriormente fueron reproducidas y comentadas en una tertulia en el seudo medio para el que trabaja y en otros medios de comunicación como el diario El Mundo, que se hicieron eco de la fake new.

Como consecuencia de estos hechos, la pareja adoptante se ha visto gravemente afectada en el desarrollo de su vida diaria hasta el punto que tuvieron que cambiar de dirección y de vehículo. A la espera de saber si finalmente la Audiencia de Valencia asumirá la causa, la agitadora ultra se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel en la que podría ser su segunda condena en poco más de un año.

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