Servicios Sociales deja en el aire un centenar de plazas en viviendas tuteladas para personas migrantes

El presupuesto para las 600 plazas residenciales en viviendas tuteladas que se crearon en la época del Botànic para colectivos vulnerables en exclusión social se acaba, al igual que las que se crearon en el mismo momento para atender a personas con discapacidad, mayores dependientes y para el sector de infancia y adolescencia. La fecha fin es el 30 de junio de 2026. Así lo marcaba la denominada acción concertada (forma de gestión utilizada desde 2018 para prestar servicios públicos a través de entidades sin ánimo de lucro con una continuidad de varios años) que financió plazas para atender a personas con discapacidad, en situación de riesgo o exclusión social, mayores dependientes y el sector de infancia y adolescencia para el periodo 2022-2026.

De hecho, esa convocatoria fue la última resolución firmada por Mónica Oltra como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y supuso una inversión de más de 1.316 millones de euros que ahora se acaba. Ante esta situación, y para garantizar la continuidad del servicio, la ahora Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha publicado una resolución para conceder una prórroga de ocho meses más a las entidades del tercer sector que tienen plazas concertadas en servicios sociales para que cuenten con financiación suficiente hasta el 28 de febrero de 2027. Sin embargo, en exclusión social no se prorrogan todas las plazas ya que, de forma explícita, la Conselleria de Servicios Sociales ha decidido excluir los expedientes en materia de igualdad y personas migrantes, lo que implica dejar en el aire la continuidad de un centenar de plazas en la Comunitat Valenciana.

"Cabe señalar que se excluyen de la citada prórroga los expedientes en materia de igualdad y personas migrantes, ya que quedan dentro del ámbito de competencias de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, quedando excluidos de la esfera competencial de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, en base al Decreto 16/2025 de 3 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus competencias (DOGV núm. 10253 bis de 03.12.2025), y su corrección de errores (DOGV núm. 10255 bis de 05.12.2025)", explica la resolución en el tercer anexo.

Entre la seguridad y el olvido

En la resolución publicada en 2022 aparecen 595 plazas aprobadas en la Comunitat Valenciana (93 en Castelló, 367 en València y 135 en Alicante), que contarán con 4 años de financiación mediante la acción concertada con entidades del tercer sector. Tras la resolución de ahora, que permite una prórroga para 8 meses, un centenar de plazas (6 en Castelló, 34 en València y 60 en Alicante) se quedan en el aire ya que la menos 5 entidades que forman parte del contrato programa trabajan de forma exclusiva con el colectivo migrante.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que dirige Elena Albalat aseguran que los expedientes que se excluyen son aquellos que ahora son competencia de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, aunque no especificaron qué ocurre con aquellas entidades que también trabajan con el colectivo migrante pero no de forma exclusiva. Desde la Conselleria que dirige Susana Camarero tampoco explican qué va a pasar con los expedientes que se han quedado en el limbo y sin prórroga, tras la división de las consellerias en el reajuste del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca.

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