La autonomías del PP hacen frente común contra la ley de Costas en plena disputa con el Gobierno

La unión hace la fuerza y eso han querido transmitir las autonomías del PP con litoral este viernes en València. Hasta el punto de plantear una norma alternativa a la actual ley estatal de Costas. El momento no es baladí (en política nunca lo es) y la cita, impulsada por la Generalitat bajo el nombre de II Cumbre Nacional de Litoral, llega semana y media después de que precisamente esa legislación estatal que el PP urge cambiar haya permitido al Gobierno central llevar la última norma valenciana, la ley de Protección y Ordenación de la Costa, al Tribunal Constitucional.

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha ejercido de anfitrión ante sus homólogos de Baleares, Galicia, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y Andalucía (su responsable se ha conectado telemáticamente), en total, siete comunidades con litoral que representan el 80 % de la línea costera, pero que para alcanzar el completo del apelativo "nacional" de la convocatoria han faltado Asturias, Cataluña y Euskadi, gobernadas por socialistas y el PNV. Eso sin contar con Ceuta y Melilla.

No obstante, más allá de las ausencias, el evento ha servido a los populares, tanto a los valencianos como a los del resto de territorios 'marítimos' que en total suman 22 millones de habitantes, casi la mitad del total de la población de España, en la exigencia para reformular la ley estatal de Costas. "Es necesario que las comunidades autónomas con litoral hagan un frente común a la nueva normativa estatal y asuman el liderazgo en la defensa de nuestras costas”, ha expresado en este sentido Mus.

“Estamos decididos en cambiar la ley de costas, necesitamos un nuevo marco normativo más actual, más real, la ley del 88 ya no cubre las necesidades que tiene nuestra costa", ha insistido el conseller quien ha reiterado que tras 38 años la actual norma necesita "una actualización profunda". De hecho, uno de los acuerdos surgidos de este encuentro es crear un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva Ley de Costas “con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular”.

"Reordenar competencias"

El objetivo sería ampliar las competencias autonómicas en la gestión administrativa del litoral con un punto marcado en rojo: los deslindes, el derribo de viviendas en zonas de avance costera. Este es el principal motivo por el que la ley autonómica ha acabado en el Tribunal Constitucional. En su norma, la Generalitat se arrogaba la capacidad de proteger determinados "conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales" bajo la declaración de "núcleos urbanos con especiales valores etnológicos", lo que dificultaba los derribos, una prerrogativa que niega el Estado.

Según defiende el manifiesto sellado, esta nueva ley pasaría por "reordenar las competencias, limitando la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés general, y avanzando hacia una gestión principalmente autonómica; que aporte seguridad jurídica; que regule con criterios objetivos las concesiones y reconozca las concesiones compensatorias como derechos indemnizatorios; que proteja los núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural e incorpore una gestión integral de los sedimentos".

Y aunque el encuentro ha sido solamente de representantes gubernamentales autonómicos de distintos territorios, esa reclamación podría ser un anticipo de un compromiso electoral por parte del PP de Alberto Núñez Feijóo de cara a unas elecciones generales y un hipotético gobierno. Claro que, tal y como pintan las encuestas, para ello podría acabar necesitando a Vox, un partido con una clara visión centralista que rara vez ha estado a favor de transferir funciones a las autonomías.

Suscríbete para seguir leyendo