PP y Vox limitan a seis años la Renta Valenciana de Inclusión y obligan a 15 meses de empadronamiento previo

La 'nueva' Renta Valenciana de Inclusión quedó este martes vista para sentencia en las Corts. Solo faltará una última votación en el pleno, previsiblemente a final de mes, pero será un trámite después de la votación de las enmiendas en la comisión tras las que el Consell pudo respirar. Fue, de nuevo, gracias al apoyo de Vox que a cambio logró dejar su sello en la reforma de la prestación impulsada por el Botànic en 2017. Menos de una década después, la que fue una de las grandes banderas de la izquierda en la Generalitat contendrá trazos importantes del discurso del partido de Santiago Abascal.

Los voxistas han logrado, de hecho, ver aprobadas todas sus enmiendas, bien de manera directa o bien con transacciones con el PP. Si el cambio legal de esta ayuda era un examen, los socios parlamentarios han soportado el test de resistencia con el Consell sudando cesiones. Algunas de ellas llegaron minutos antes de la votación, tal y como quedó constancia en el registro. Este pacto echó por tierra cualquier acercamiento con la izquierda, con llamada incluida de madrugada por parte del director general de Inclusión a la portavoz del PSPV para deshacer cualquier acuerdo posible.

Ese apretón de manos en forma de voto conjunto tendrá consecuencias en una de las principales ayudas de la Generalitat una vez salga adelante y se aplique este cambio de ley. A partir de entonces, la Renta Valenciana de Inclusión tendrá una duración máxima de seis años "renovables cada tres" para su percepción, requerirá de al menos 15 meses de empadronamiento previo (antes estaba fijado en doce meses) o no contedrá referencia alguna la violencia machista o de género, términos sustituidos por "violencia intrafamiliar" o "sobre la mujer", cuestiones que se añadirán al proyecto de ley que ya había diseñado el Consell como incluir sanciones o posibilitar cobrar la ayuda con el empleo.

Aunque la mayor polémica está fijada en una enmienda que posibilitará abrir la puerta a dejar fuera a las mujeres que porten hiyab, el pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello. En este sentido, la modificación, ya en la ley, señala que para mantener la ayuda se implementará "un itinerario de inclusión" que lleva, entre otras cuestiones, "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".

En manos de los trabajadores sociales

La referencia es difusa pero abre un choque de interpretaciones amplio y mientras los populares niegan que esto suponga nada sobre vincular la ayuda al uso de la indumentaria islámica (si lo apuntan, por ejemplo, a los casos de ablación femenina), los voxistas presumen de ello. De hecho, la portavoz del partido en este área, Miriam Turiel, ha vinculado los cambios en esta ayuda con su propuesta de ley en el Congreso para prohibir el burka en espacios públicos.

Su intervención insistió en esa línea xenófoba, cargando contra el "efecto llamada", el "reemplazo cultural" y remarcando el "arraigo cultural porque lo primero es ayudar a los nuestros". Y un aviso hacia el Consell: "Lucharemos para llevarlo a la práctica". Es decir, la exigencia no se quedará solo en plasmarlo en el papel de la ley. Su actuación final quedará en manos de los trabajadores sociales, los encargados de aplicar el plan de integración en base a un futuro reglamento que podría ponerse en el foco de la próxima disputa.

El sello de la formación de Santiago Abascal ha ido más allá de lo relacionado con las personas extranjeras o la incorporación de más trabas para acceder a la ayuda. De hecho, se podría decir que la mayor impronta de los voxistas ha sido forzar al PP a depender exclusivamente de ellos, lo que ha provocado el descarrilamiento de las negociaciones que la propia Conselleria de Servicios Sociales había llevado a cabo con PSPV y Compromís para aprobarle algunas de sus propuestas.

"Es una ley racista"

Es más, la diputada socialista, Silvia Gómez, ha desvelado que habían acordado con el director general de Inclusión, Pedro Carceller, varias modificaciones, entre ellas, garantizar que esta ayuda tendría créditos ampliables (algo que el PP incorporó por otra vía), pero que el lunes por la noche, a la 1 de la madrugada, horas antes de la votación, le llamó para decir que cualquier pacto se caía. No en vano, tras la presentación de las enmiendas y las exigencias de Vox, esas que han acabado aceptando, Carceller alertó de un posible bloqueo de la ley, que ha estado cuatro meses parada en las Corts.

El episodio ha servido de inicio de reproches de socialistas y valencianistas contra el PP por estar "a las órdenes de la extrema derecha". "Vox no gobierna, Vox manda; le han comprado el discurso de Vox", ha afeado Gómez. "Han hecho una ley racista, que carga contra la gente pobre y vendida a la ultraderecha", ha añadido el diputado de Compromís, Francesc Roig, quien ha agradecido las llamadas de Carceller "que no han valido para nada". "Le invitaría a una reflexión si le vale la pena seguir con todo esto", ha indicado con el director general en última fila presenciando el debate.

Por su parte, el PP ha celebrado la aprobación de las enmiendas y haber dejado lista la ley a falta de su último voto en el pleno. "Son mejoras técnicas, no ideológicas", ha señalado su portavoz, Elena Bastidas, quien ha insistido en que con estas modificaciones se logra una prestación "social, equitativa e integradora". Bastidas también ha destacado que entre los cambios planteados por su formación está la prohibición de acceder estas ayudas a quien tenga una sentencia en contra por okupación de vivienda.

Suscríbete para seguir leyendo