El PSPV exige la dimisión del conseller de Sanidad por la parálisis de los robots contra el cáncer de mama
El Consell admite que dos aceleradores de electrones recibidos en abril y julio de 2023 no estaban en funcionamiento a inicios de año, mientras el del Clínico de València, autorizado en abril de 2025, solo ha hecho 4 intervenciones

Medición en el quirófano del Hospital de Elche del acelerador móvil contra el cáncer de mama. / LEVANTE-EMV
R. C. V.
La portavoz de Sanidad del PSPV en las Corts, Yaissel Sánchez, ha exigido este lunes la dimisión del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras reconocer la conselleria, en respuesta a las preguntas parlamentarias de los socialistas, que ha tenido tres años parados tres equipos de última generación para luchar contra el cáncer de mama que llegaron a la Comunitat Valenciana entre marzo y julio de 2023, destinados a los hospitales Clínico de Valencia, General de Elche y General de Castellón, como ha informado Levante-EMV.
Según la contestación firmada por el conseller Marciano Gómez, los aceleradores de electrones móviles del Hospital General de Elche y del General de Castellón no habían entrado aún en funcionamiento en enero pasado, mientras que el del Clínico de Valencia, que se puso en funcionamiento el 14 de abril de 2025, solo ha realizado 4 intervenciones.
No obstante, coincidiendo con la difusión de las respuestas parlamentarias, Sanidad anunció este pasado viernes la puesta en marcha hace solo unos días del equipo del Hospital de Elche, dos años y ocho meses después de ser recepcionado. El del General de Castellón sigue sin ponerse en funcionamiento.
“Es insoportable que este Consell de Mazón y Pérez Llorca siga un minuto más en el Palau de la Generalitat porque nos llevó al desastre con la Dana y ahora vemos que también ha abandonado la lucha contra el cáncer, dejando que equipos que salvan vidas de muchas mujeres guardaran polvo en cuartuchos cerrados bajo llave, tal como sigue alguno”, ha censurado Yaissel Sánchez.
La parlamentaria ha explicado que fue el Consell de Ximo Puig el que aprobó esta inversión para dotar a los hospitales valencianos de las últimas tecnologías para luchar contra el cáncer, de forma que a finales del mandato del Botànic se licitó la compra de tres equipos, con un coste de casi 4 millones de euros.
Según explica Sánchez, estos aceleradores de electrones móviles pueden usarse en el mismo quirófano tras una intervención, permitiendo un tratamiento de radioterapia intraoperatoria del alta precisión, de forma que se aplican radiaciones ionizantes directamente sobre el área del tumor durante la cirugía, con mucha menor afectación de las áreas y tejidos sanos. Además del cáncer de mama en estados precoces, estos equipos son también efectivos en sarcomas de partes blandas, recaídas de cáncer de recto y de cáncer ginecológico, y patologías tumorales de la región hepatobiliar.
Yaissel Sánchez ha recriminado al conseller de Sanidad su “desidia e incompetencia” en la gestión de la sanidad pública valenciana. No obstante, la diputada sospecha que esta “flagrante infrautilización” de tecnología “que salva vidas” no es casualidad: “el problema es Mazón y Pérez Llorca han puesto al frente de la Sanidad valenciana a un conseller, Marciano Gómez, al que solo le preocupa el negocio de la sanidad privada, y esta obsesión por que las empresas privadas hagan caja supone un peligro para todos los valencianos y, particularmente, para miles de mujeres valencianas”. Sánchez recuerda que Gómez ya protagonizó “el escándalo del abandono del cribado de cáncer de mama, cuando salió a la luz el recorte de cribados a 90.000 mujeres por la mala gestión del PP”.
“Excusas de mal pagador”
La responsable socialista de Sanidad en las Corts lamenta las “excusas de mal pagador” del conseller para “camuflar” su “incompetencia supina”, cuando en las respuestas intenta responsabilizar al Consell del Botànic de la “infrautilización” de los equipos. “Tres años después, salir a culpar al Botànic resulta ridículo, grotesco. No hay pretexto que valga, lo único que queda claro es la dejadez y el abandono de la sanidad pública por parte del conseller Gómez, que ejerce como un auténtico agente comercial de las empresas de la sanidad privada”.
Para Yaissel Sánchez, estamos “ante el PP de siempre”, “el PP para el que todo el mundo tiene la culpa menos él, el PP del Ventorro que igual se va de sarao en el peor momento en la historia de los valencianos que gestiona la sanidad o las viviendas de protección oficial como si fueran un botín a repartir entre los suyos”. “¿Qué les decimos a las personas que se han visto privadas de estas intervenciones de radioterapia intraoperatoria, estando los equipos guardados en los hospitales en una habitación como si fueran trastos?”, se pregunta la parlamentaria del PSPV-PSOE.
Para Sánchez, estamos ante “una más” del conseller Marciano Gómez. A su juicio, este asunto “se añade al escándalo del traje a medida en favor de las empresas privadas de sanidad, particularmente, Ribera Salud, que hizo el conseller en las liquidaciones anuales de las concesiones sanitarias que firmó aprisa y corriendo en 2025, en contra del criterio de la Intervención, en las que regaló a estas mercantiles decenas de millones de euros”. “Unas liquidaciones que la conselleria de Marciano Gómez negoció con su cuñada, directora financiera de Ribera Salud; además, se da la circunstancia de que posteriormente Ribera Salud compró por 120 millones la clínica de Benidorm, de la que es gerente el hermano del conseller”, señala la parlamentaria.
Por estos hechos, señala Sánchez, los socialistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el conseller, su cuñada y su hermano por el presunto trato de favor a esta empresa privada por la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de unas liquidaciones en condiciones económicas ventajosas que posibilitaron a su vez la compra de Clínica Benidorm. El PSPV-PSOE considera que se han podido cometer hasta cinco delitos, concretamente, negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat.
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