El Consell se abre a reforzar la protección de viviendas en el plan de Llorca para evitar el Constitucional

La Generalitat no quiere que sus numerosos conflictos con el Gobierno a cuenta de su acción legislativa deriven en más normas paralizadas en el Constitucional. Después de que el tribunal de garantías admitiera este miércoles a trámite el recurso de Moncloa sobre la ley de la Costa, elevado tras el fracaso de las negociaciones previas, y suspendiera uno de sus artículos clave, el Consell se abre ahora a "matizar" su modificación de la ley urbanística valenciana acometida a través del segundo decreto de simplificación administrativa para evitar otro revés en los tribunales.

En esa macronorma se incluye la creación de los Proyectos Habitacionales Locales (PHL), una nueva figura con la que el Consell quiere liberar suelo municipal dotacional (aquel reservado para colegios, residencias, polideportivos, bibliotecas o similares) y destinarlo la construcción de viviendas "de todo tipo", tal como ha indicado el conseller Vicente Martínez Mus este jueves en las Corts. En concreto, unos 120.000 inmuebles según el plan anunciado por el president Juanfran Pérez Llorca.

Pero el Ejecutivo central alberga "dudas de constitucionalidad" sobre ese punto, al entender que en esas zonas "sólo cabe implantar vivienda social". Ese es el motivo por el que ha abierto una nueva comisión bilateral con el Consell, tal como publicó el miércoles el DOGV e informó este diario, con el fin de negociar los puntos de desencuentro. A partir de ahora, se activa un plazo de seis meses para que el ambas administraciones alcancen un pacto. De lo contrario, el conflicto deberá resolverse, de nuevo, en el Constitucional, donde también se está estudiando el recurso del Gobierno a los cambios en la ley Trans pactados por PP y Vox.

"Clarificar" la tipología de las viviendas

Con esos antecedentes en mente, y con el objetivo final de "evitar" la judicialización del caso, que conllevaría la suspensión de ese artículo y por tanto, el freno a la estrategia de Llorca para construir vivienda en un momento de máxima urgencia social, la Generalitat se muestra predispuesta a "negociar matices" en la norma y que "salga adelante el plan para desbloquear vivienda, independientemente de si tiene una titularidad u otra", señalan fuentes de la Generalitat.

Estas voces aclaran que no hay una estrategia establecida para esa negociación, si bien admiten que podrían explorar posibles acuerdos ofreciendo "clarificar" el papel que ese plan de Llorca reserva para la vivienda pública y que no se concreta en el articulado de la ley urbanística modificada con el decreto de simplificación.

En cualquier caso, el Consell remarca que ese artículo concreto sobre los Proyectos Habitacionales Locales nace "con el objetivo de desbloquear suelo en desuso en espacios urbanos e incentivar la construcción de viviendas". Y aclaran, en ese sentido, que "la modificación de la normativa permite la creación de la figura del PHL, que busca utilizar parcelas inutilizadas reservadas en principio para dotaciones públicas para viviendas".

El propio Mus, preguntado en el pleno de las Corts sobre la advertencia del Gobierno, ha subrayado que ese suelo que se obtendría de espacios municipales para servicios públicos sería posteriormente repuesto, tal como prevé la ley. "No lo eliminamos, priorizamos que se utilice para vivienda", ha señalado. Para el conseller, el recurso del Gobierno "no llega por lo que hacemos, sino porque lo hacemos nosotros", ha dicho para insistir en la "apuesta decidida" de la Generalitat para "mejorar" en materia de vivienda.

"Sigue plenamente vigente"

A nivel oficial, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la que depende el cambio legal, remarcan su "confianza" en que la bilateral culmine en acuerdo y recuerdan otros casos de éxito de esa comisión negociadora en esta legislatura, como la fumata blanca sobre una norma de intervención administrativa ambiental.

Además, desde el departamento de Mus recuerdan que se trata de un "proceso de diálogo técnico" para "analizar determinadas cuestiones" del macrodecreto, e indicen en que "son sólo siete artículos" los que se cuestionan, "de modo de que las dos instituciones están de acuerdo en un 95 % del plan" de simplificación. Y recuerdan que, al menos por ahora, "en ningún caso supone la suspensión de la norma, que sigue plenamente vigente y desplegando sus efectos",

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