La tasa que nunca llegó: por qué la Comunitat Valenciana no cobra al turista

¿Debe la Comunitat Valenciana sacar un rédito extra a uno de sus mayores atractivos y motores económicos, es decir, el turismo, en forma de tasa? Es el eterno debate que se pone sobre la mesa, sobre todo, en épocas de especial afluencia de visitantes como las Fallas.

Se trata de una medida que, pese a llevar tiempo en el debate en la Comunitat Valenciana, sigue sin aplicarse de forma efectiva. Sí está presente en Cataluña y Baleares, y en capitales europeas y mundiales como Roma, París, Lisboa o Berlín, Nueva York, Tokio o Dubái.

El sector continúa dividido entre quienes ven en este impuesto una vía para reforzar servicios públicos y sostenibilidad, y quienes temen que pueda restar competitividad frente a otros destinos. A día de hoy, la Comunitat Valenciana no aplica la tasa turística porque la ley de 2022 que creó el Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas (IVET) fue derogada por Carlos Mazón antes de su entrada en vigor.

La tasa turística en la Comunitat Valenciana se encuentra así en una situación de indefinición jurídica. Aunque en la pasada legislatura se aprobó un marco legal que permitía a los ayuntamientos implantar este gravamen de forma voluntaria, el cambio político en el Consell tras las últimas elecciones cambió el escenario.

La falta de desarrollo reglamentario, junto con la ausencia de consenso entre administraciones y el rechazo de buena parte del sector turístico, ha hecho que continúe el debate sobre su idoneidad y su impacto en la competitividad del sector en la Comunitat Valenciana, que en 2025 recibió más de 30 millones de turistas.

Rechazo del sector

Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, explica que “la realidad de la Comunitat Valenciana es extremadamente compleja y muy alejada de los comparativos que habitualmente se utilizan: París, Amsterdam, Barcelona, Baleares… Yo no diría que hay reticencias a la tasa, sino un profundo rechazo del sector turístico en su conjunto y generalizado de la sociedad valenciana, que es el 25 % del turismo interno”. Para Montes, este “ya tiene una importante carga fiscal como para gravar uno de nuestros principales motores”.

“Nos rasgamos las vestiduras ante los aranceles de Trump que afectan a productos tan valencianos como la cerámica, y sin embargo nosotros mismos nos queremos poner un arancel a nuestro principal producto exportador que es el turismo”, continúa.

Estrategia y coste

Por su parte, Sergio Arnandis, turismólogo especializado en gestión pública del turismo, defiende que “un modelo de tasa moderado (que no represente un desembolso elevado), variable (en función del tipo de turista), finalista (que se dedique exclusivamente a la mejora de la gestión del turismo), con evaluación pública y acompañado de control del alojamiento no regulado, tendría más sentido que una tasa plana concebida solo como ingreso adicional. Sin estrategia, la tasa puede ser un coste reputacional; con estrategia, puede ser una herramienta útil de gestión del destino”, señala el también doctor en Economía Internacional y Turismo y profesor de la Universitat de València (UV).

Desde el plano académico, Arnandis explica el rechazo a esta tasa desde dos cuestiones: la económica y la política. “En el plano oficial, la Generalitat explicó que la derogaba debido al momento económico del sector, con inflación y subida de costes energéticos, salariales y de aprovisionamiento; por la carga administrativa de implantación y por el riesgo de deteriorar la imagen turística de la Comunitat Valenciana”.

Ese “impacto negativo en la percepción del destino” es, precisamente, uno de los “innumerables” inconvenientes que la secretaria general de Hosbec ve en la aplicación de la tasa. Junto a él expone varios: “La probada ineficacia para gestionar el fenómeno turístico, el carácter meramente recaudatorio, la discriminación entre diferentes tipos de turistas y formas de alojamiento, la distorsión que va a producir en el sector, la falta de impacto visible en la calidad de los servicios turísticos o la ausencia de criterios claros de necesidad económica”. Ventajas, en su opinión, “solo una: la recaudación”. “Un nuevo impuesto con una ambición exclusivamente recaudadora excluiría a la Comunitat Valenciana de muchos mercados y partiría en desventaja frente a destinos competidores”, añade Montes.

Un modelo variable

Como dato, en 2024, Cataluña recaudó más de 90 millones de euros por la tasa, una cifra que alcanzó los 150 millones para Baleares. Según explica Arnandis, en ambas comunidades “se aplican impuestos efectivos y consolidados”, que gravan por tipo de establecimiento y localización (en el caso de Cataluña). “Más que el gravamen, la cuestión son los usos de la recaudación. Cataluña lo recoge en un fondo para el fomento del turismo; Baleares en un fondo para favorecer el turismo sostenible; y la ley valenciana, en cambio, la vinculaba a servicios municipales, movilidad sostenible, vivienda, patrimonio, digitalización y lucha contra el fraude”, señala el doctor en Economía.

“El modelo más razonable para la Comunitat Valenciana -en su opinión- sería variable por tipo de alojamiento y por temporada, con límites claros. Porque un modelo totalmente plano es más simple, sí, pero menos eficiente: grava igual a segmentos con distinta capacidad de pago y no ayuda a modular estacionalidad, si fuera una de las finalidades”.

En cuanto al impacto en rentabilidad en los alojamientos de la aplicación de la tasa, Montes apunta que “se detraerá del precio de venta al consumidor, por lo que la rentabilidad se verá disminuida y por lo tanto disminuirá la capacidad de generación de empleo, la de inversión, el efecto multiplicador y la imagen en los mercados emisores se vería igualmente perjudicada. Además, en destinos donde se compite por precio, incluso incrementos reducidos pueden afectar a la elección del viajero, especialmente en segmentos sensibles al coste. En términos agregados, el sector puede verse penalizado sin que ello repercuta en una mejora verificable de la gestión turística”.

Para el turismólogo esta es “una de las aristas del tema” y, a su parecer, “todo depende de quién absorba el coste. Si la tasa se repercute íntegramente al cliente, el impacto directo sobre margen es reducido pero puede aparecer un efecto indirecto por menor ocupación. Si el empresario decide absorberla parcial o totalmente para no perder competitividad, entonces sí reduce margen. En alojamientos económicos el impacto relativo sería mayor, porque el recargo representa una parte más alta del precio final. También en estancias largas puede notarse más”, explica.

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