La eterna historia federal de España: un debate interminable

El traspaso de competencias a territorios como Euskadi, la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica con una mayor cesión de impuestos a las comunidades o los acuerdos del Gobierno con partidos nacionalistas empujan a reabrir una viejísima discusión: si España avanza hacia una lógica cada vez más federal. La idea sigue despertando recelos e incluso conserva algo de tabú, pero la realidad política empuja hacia un país con una gobernabilidad más condicionada por los equilibrios territoriales o unas autonomías con más peso y con unos presidentes que irrumpen cada vez más en el debate nacional. ¿Se está acercando España de facto a un Estado federal, aunque se evite nombrarlo?

“A pesar de que España tiene muchos rasgos federalizantes, no se ha avanzado en las reformas que harían de él un sistema federal, como la del Senado, la clarificación de competencias o la mejora de los instrumentos de cooperación intergubernamental”, apunta la profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de València Astrid Barrio.

La politóloga atribuye ese aumento del peso de las autonomías al “sistema de partidos, una mayor fragmentación, la ausencia de mayorías absolutas a nivel estatal y las dependencias mutuas derivadas del sistema multinivel”. De hecho, considera que algunos barones territoriales arrastran una relevancia histórica, bien “por el peso de sus respectivas federaciones en el conjunto del partido”, porque “gobiernan en su territorio y no en el Estado” o, como ocurre en Cataluña, País Vasco o Canarias, porque “los partidos nacionalistas podían configurar mayorías”.

Más necesidad que convencimiento

Barrio interpreta además que los avances en la descentralización en España, incluido el traspaso de competencias a distintos territorios, responden más a la “necesidad política” que al “convencimiento”. Un matiz clave que explica el momento actual, en el que el sistema avanza por necesidad sin acuerdo sobre el modelo al que se quiere llegar.

Astrid Barrio defiende que los avances en la descentralización responden más a la “necesidad política” que al “convencimiento”

La política valenciana ofrece, sin ir más lejos, una buena muestra de la disparidad de criterios que sigue existiendo sobre el modelo territorial.

El expresident Ximo Puig reivindicó durante sus ocho años al frente de la Generalitat una España federal, planteándola como una evolución de la democracia constitucional. “Más allá de los nombres, es real que España está profundizando de alguna manera en lo que es un Estado federal”, afirma el socialista. “Es un Estado muy descentralizado y con una capacidad política desde los territorios de formular políticas propias de autogobierno”, sostiene el exjefe del Consell y actual embajador de España ante la OCDE.

Ahora bien, Puig coincide en que existe “un grave déficit de instrumentos cooperativos federales”, algo que, a su juicio, “actúa muy negativamente en la gobernanza del país”. En ese punto vuelve a aparecer una de las grandes piezas pendientes del modelo territorial español: el Senado. El expresident lo describe como “una cámara que está dedicada a hacer oposición al Gobierno” y que funciona, en la práctica, como “una cámara de segunda lectura”, lejos de la función territorial que debería cumplir.

Ximo Puig: "Federalismo no es alejamiento, sino todo lo contrario"

Para Puig, tampoco se han desarrollado lo suficiente otros instrumentos de cooperación como la Conferencia de Presidentes, pese al papel central que desempeñó durante la pandemia, debido al fenómeno que denomina “genovización”, es decir, a “toda esta dinámica partidista que va en contra del refuerzo institucional que necesita el país”. Su visión del federalismo es, en esta línea, muy clara: “Federalismo no es alejamiento, sino todo lo contrario. Es ejercer desde la Generalitat federal sus competencias y, además, sumar cuando corresponda”.

En ese esquema, los líderes territoriales desempeñan un papel central. “En la conformación de la opinión política de un país que está descentralizado, es positivo que tenga voces territoriales que representen a comunidades, que no representen unas visiones más personales, sino la idea de país, de comunidad, de lo que sea”, sostiene Puig. El problema, añade, aparece “cuando se partidiza y no se defiende el interés general de una comunidad y se está a las órdenes de una concepción central”.

El exalcalde de València por Compromís Joan Ribó comparte buena parte de ese diagnóstico. Con su perspectiva municipalista, sostiene que el Estado autonómico español, “aunque no le llamemos federal, tiene muchas connotaciones, en la práctica, casi federales”. Incluso remarca que “las autonomías tienen determinadas competencias que muchas federaciones de un Estado federal no tienen”. Sin embargo, de nuevo, cree que el problema está en la falta de articulación política del modelo. “Hay un desajuste muy grande”, advierte, “porque para que funcione un Estado federal hace falta un sistema que articule políticamente esas relaciones entre el Estado y los estados federales”.

Es aquí donde se vuelve a señalar la misma pieza del puzle que falta: “Lo que falla estrepitosamente es el Senado”. A su juicio, la Cámara Alta “normalmente se utiliza para pocas cosas” y ahora “se malutiliza por el PP con su mayoría absoluta”, a lo que contribuye la propia mecánica de la elección de sus miembros. Pese a ello, Ribó considera que sería un espacio “imprescindible para abordar temas muy importantes para las comunidades autónomas”, como la financiación autonómica, el “dumping fiscal” de Madrid o la actual estructura radial de infraestructuras como la red de alta velocidad.

"El modelo federal es imprescindible. Necesitamos respetar las peculiaridades y darles forma política", afirma Joan Ribó

“El modelo federal es imprescindible para hacer un Estado estable”, sostiene Ribó, más aún en un país como España, con “personalidades muy diferenciadas”. “Necesitamos respetar estas peculiaridades y darles forma política”, defiende, aludiendo a las costumbres, la lengua o el autogobierno de cada territorio. “En esto estamos aún a medio camino”, sentencia.

Ya hay descentralización

En el extremo opuesto se sitúa el expresident Alberto Fabra (PP), que rechaza el federalismo como respuesta a los problemas actuales. “Primero no sabemos lo que es el federalismo, nadie nos lo ha explicado”, afirma el diputado del PP por Castellón. Añade que “España ya es uno de los países más descentralizados de Europa”, por lo que mantiene que el verdadero debate no debería estar en nuevas etiquetas ni nuevas formas, sino en hacer funcionar bien el marco vigente recogido en la Constitución.

Alberto Fabra: "¿Qué te ofrece el federalismo que no te ofrece el Estado autonómico?"

“¿Qué te ofrece el federalismo que no te ofrece el Estado autonómico? Yo creo que no te ofrece nada”, asevera Fabra de forma tajante. Y es que, desde su punto de vista, “con el Estado autonómico tenemos suficiente autonomía y capacidad en todos los territorios para desarrollar nuestras políticas”.

Tampoco comparte del todo la idea de que los barones territoriales hayan alterado en exceso los equilibrios institucionales, que al final “dependen de dónde se quiera poner el acento”. “Cada uno tiene su espacio, igual que los alcaldes o presidentes de diputación”, señala. “Lo que tiene que hacer cada uno es desempeñar bien sus funciones”, asevera.

Más allá de las discrepancias sobre si España avanza o no hacia un modelo federal más explícito, todos señalan a la financiación como asunto central. Más aún en un momento en el que se ha puesto sobre la mesa una reforma y cuando en la Comunitat Valenciana existe una reivindicación histórica.

Fabra defiende, de hecho, que el debate territorial sirve en ocasiones para eclipsar otras reivindicaciones más concretas, como es precisamente la mejora de la financiación autonómica. “Lo que no vale es dejar de lado lo que es la financiación justa para todas las comunidades autónomas e intentar hablar de otras cosas que no se concreta qué son”, sostiene el exlíder del Consell por el PP, que advierte de que “por intereses partidistas y, sobre todo, para mantener el Gobierno se está concediendo más a unas comunidades que a otras”. “Y eso no puede ser”, asevera, achacando “los problemas actuales a un reparto desigual”.

Puig define la financiación como una “parte central de cualquier Estado compuesto”, porque de ella “depende cómo se financian los servicios públicos ”. De hecho, el socialista considera que “ahora hay una gran oportunidad con la presentación de un modelo por parte del Gobierno que va en el buen camino”. Un debate que, para él, exige que cada autonomía defienda sus intereses, pero también con “lealtad” al conjunto y “empatía con los otros”, sin levantar “fronteras partidistas”. Todo eso, para Puig, también es federalismo.

“El tema de la financiación es grave”, resume Ribó, porque “después no tenemos dinero para hacer colegios o para la sanidad”. El exalcalde de València enlaza precisamente esa situación con la falta de contundencia política valenciana y con la subordinación a decisiones marcadas desde Madrid.

Un arma de confrontación

¿Pero atiende el modelo actual a la diversidad territorial? Responder hoy a esa pregunta de forma serena resulta complicado. La cuestión territorial se ha convertido en un arma de confrontación política y en combustible para el actual escenario de polarización. La España de las autonomías, para Barrio, “es fuente de integración y, a su vez, ha alimentado el conflicto generando incentivos en territorios que históricamente no aspiraban a la autonomía política”.

La politóloga incide en las dificultades para abordar de forma sosegada este debate: “En España siempre ha estado presente la fractura territorial, además de la clásica izquierda-derecha, pero sucede que cuanta más fragmentación política, más difícil es una conversación serena, porque las posiciones maximalistas lo dificultan”. De hecho, Barrio destaca el papel que juega Vox en esta cuestión, al ser “el primer partido que cuestiona abiertamente el Estado autonómico y propone revertirlo, y cuyo ascenso debe mucho al procés y al intento de secesión unilateral, es decir, al ascenso del otro extremo, que es el independentismo”.

La experta subraya, además, que ambos extremos “son imprescindibles para la configuración de mayorías, una de derecha y otra de izquierda, dando lugar a una peligrosa superposición de fracturas -derecha/España frente a izquierda/periferia- que dificulta mucho los acuerdos”.

Fabra admite que el debate territorial se ha tensionado y “no se está abordando como debería”. Pero atribuye ese deterioro a “los desequilibrios y las concesiones a unos territorios frente a otros”, que “erosionan” la idea de un mapa común.

Puig va más allá y señala directamente a la extrema derecha. Esta "ha utilizado la confrontación con Cataluña o Euskadi como un elemento de combate y de propaganda política”, afirma. Una estrategia que alimenta “una idea de España que no es la España real”, que es “diversa y plural”. Y lamenta que “todo esté en el tablero de la confrontación”.

Ribó coincide al considerar que ciertos sectores de la derecha utilizan el debate territorial “para separar, para confrontar”. En el caso valenciano, sitúa ese conflicto sobre cuestiones muy concretas: el anticatalanismo, el cuestionamiento del valenciano o el rechazo a cualquier reivindicación de personalidad propia. Posturas detrás de las que se vislumbra un “nacionalismo español”, considera.

España, en definitiva, se mantiene en su eterna discusión sobre cómo organizarse sin romperse. El choque de intereses territoriales, una financiación todavía pendiente de reforma, el trasvase de competencias y el peso de los liderazgos autonómicos dejan un país que se descentraliza cada vez más, bajo el paraguas del Estado de las autonomías. Pero queda claro que no existe consenso para definir ese proceso y, además, su avance no responde muchas veces a una convicción, sino a la necesidad política.

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