El debate atómico: ¿Nucleares sí o no, gracias?

La Comunitat Valenciana ha iniciado la cuenta atrás para el cierre de la central nuclear de Cofrentes en noviembre de 2030. Los operadores nucleares españoles pactaron hace siete años con el Gobierno el cierre del reactor valenciano junto a otros seis en el resto de España. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde 2019: la invasión de Ucrania, que tensó al máximo el precio de la energía por la importancia del gas como tecnología de respaldo del sistema; el apagón del 28 de abril del año pasado y, ahora, la guerra de Irán, que vuelve a dejar en evidencia la fragilidad energética. Así, aumentan las voces a favor de la prórroga nuclear frente a una oposición ecologista que advierte del problema de los residuos.

Pese a que la energía verde ya representa casi la mitad del parque de generación, la producción renovable valenciana fue el año pasado del 22,4 %. El mix de producción está condicionado por la central nuclear de Cofrentes, que generó el año pasado el 50,8 % de la energía producida en el territorio y el 40 % de la electricidad consumida en la Comunitat Valenciana. Otro 24,8 % provino de las plantas de ciclo combinado que queman gas para generar electricidad, como la de Naturgy en el Port de Sagunt.

Aunque la Comunitat Valenciana es un nodo generador importante, la red eléctrica nacional funciona de manera interconectada, por lo que recibe y envía energía según los momentos de máxima producción renovable (eólica o solar) o la operación de sus centrales de ciclo combinado y nuclear.

Cierre pactado

En el caso de España, el calendario de cierre nuclear pactado en 2019 entre las empresas y Enresa (la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos) marca a Almaraz como la primera central en parar (algo que tiene que hacer entre 2027, en el caso del primer reactor, y 2028, en el del segundo). En octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron una solicitud "sin condiciones" para prorrogar la vida de la central extremeña tres años, hasta 2030.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reveló en febrero que la eléctrica va a pedir la ampliación de la vida útil, además de la ya solicitada para Almaraz, para otras centrales nucleares en el futuro, ya que considera que "la mayor parte de ellas pueden llegar hasta los 60, e incluso 80 años", como es el caso de la planta de Cofrentes. La empresa es propietaria al 100 % de la planta valenciana.

Esta da empleo a 700 trabajadores. Más allá del empleo directo, para la economía de toda la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes es clave su continuidad. Las centrales nucleares de Ascó y Cofrentes serían las siguientes en apagarse según el calendario actual. El Consell y los empresarios valencianos están en contra del cierre en 2030 por criterios económicos.

La Cámara de Comercio de valencia defiende que es clave mantener operativa Cofrentes para reindustrializar la economía y atraer inversiones

La Cámara de Comercio de Valencia defiende que es clave mantener operativa la planta nuclear de Cofrentes para reindustrializar la economía y atraer inversiones. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) también apuesta por un «diálogo claro y constructivo» para definir el futuro de la energía nuclear e incide en la necesidad de agilizar el despliegue de plantas fotovoltaicas ante el cierre de Cofrentes.

Impacto en 12.200 empresas

Los empresarios advierten de que la clausura de la central en los tiempos actuales tendría un impacto directo en más de 12.200 empresas manufactureras electrointensivas de sectores como el químico, la metalurgia, la cerámica, la alimentación, el plástico o el papel, y la "onda de choque" de esta decisión podría impactar a medio plazo a más de 235.000 trabajadores de forma directa o indirecta.

Incluso Power Electronics (la principal empresa valenciana de renovables) considera un error mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, que incluye el apagón de Cofrentes en noviembre de 2030. Lalo Salvo, vicepresidente de Power Electronics, defiende la prórroga de la energía nuclear, ya que considera que el cierre ahora sería un "fracaso seguro". Argumenta que España no está preparada para prescindir de la seguridad que la nuclear aporta al sistema, y añade que sería un error como el que ya ha reconocido Alemania.

Lo que funciona no lo tires hasta que deje de funcionar. Vamos a usar las nucleares hasta que ya no se puedan usar más

Lalo Salvo

— Vicepresidente de Power Electronics

Otros expertos (como Ibán Molina, delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana) recalcan la importancia de mantener la nuclear en el mix energético para evitar apagones. Lalo Salvo considera que el mantenimiento de la nuclear es una cuestión de "sentido común, no es algo en contra o a favor de las renovables". "Como decía mi padre: lo que funciona no lo tires hasta que deje de funcionar. Si ya tenemos nucleares y plantas de gas, vamos a usarlas hasta que ya no se puedan usar más", apunta.

Riesgo de un apagón

En el debate cobra importancia el riesgo de un nuevo apagón. La situación que vivió España el año pasado está vinculada con la transformación del modelo energético español: de uno basado en tecnologías tradicionales que generan energía síncrona a otro donde priman las renovables.

La energía síncrona es la base de la red eléctrica tradicional (procedente de centrales nucleares, térmicas o hidroeléctricas). En estas plantas, enormes turbinas giran físicamente de forma sincronizada con la frecuencia de la red (50 Hz en España). Esta energía tiene "inercia": como son masas gigantescas girando, si hay un fallo en la red, su propio peso y movimiento ayudan a que el sistema no se caiga de golpe, manteniendo la estabilidad de forma natural.

La energía asíncrona es la que predomina en las nuevas renovables, como la solar fotovoltaica o la eólica moderna. Aquí, la energía no depende de una gran masa girando al compás de la red, sino que se inyecta a través de equipos electrónicos (inversores). Al no tener esa "inercia física" de las centrales tradicionales, la red se vuelve más sensible a los cambios bruscos. Por eso, el gran reto de la transición energética es conseguir que estas fuentes asíncronas imiten la estabilidad de la energía tradicional.

Los expertos advierten de que el problema es que el sistema energético español ha evolucionado muy rápido hacia la renovable, pero no está adaptado todavía. Este problema también se produjo en regiones de Estados Unidos como California, que tienen un desarrollo renovable muy potente, o en Australia, donde ya se ha conseguido resolver el desfase técnico de regulación de la energía renovable que facilitó el apagón.

La prorroga no puede convertirse en un debate ideológico, sino que debe ser una decisión estratégica de país

Héctor Dominguis

— CEO de GDES

A favor

Héctor Dominguis, presidente y CEO de GDES, defiende sin fisuras la prórroga. “Como presidente y CEO de GDES, y como expresidente de la Sociedad Nuclear Española, creo firmemente que prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas es esencial para garantizar el suministro y la competitividad industrial… Por eso, no puede convertirse en un debate ideológico, sino que debe ser una decisión estratégica de país".

El presidente de GDES añade: "En la Comunitat Valenciana, Cofrentes aporta más del 40 % de la electricidad que consumimos y la energía que suministra es firme, estable y síncrona. Prescindir de esta capacidad en 2030 supondría poner en riesgo la competitividad de sectores clave para nuestra región como el químico, el cerámico o el metalúrgico, entre otros, todos ellos altamente electrointensivos y ya sometidos a una fuerte presión de costes frente a otros países europeos".

En contra

Los ecologistas, incluyendo organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción, se oponen firmemente a la prórroga de la vida útil de las nucleares, especialmente a la de Almaraz, calificándola de "inadmisible". Argumentan que es una energía cara, peligrosa, lenta y un obstáculo para la inversión en renovables.

Las cinco principales organizaciones ecologistas españolas –Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– han expresado su rechazo frontal a cualquier prórroga del plan de cierre y advierten de que la prolongación de Almaraz hasta 2030 sería el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear. 

Las organizaciones ecologistas señalan que la energía nuclear es incapaz de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar

Las organizaciones señalan que, desde que se alcanzó el acuerdo voluntario de cierre ordenado en 2019, los datos muestran con claridad que la energía nuclear es incapaz de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar. "Cuando el precio mayorista se desploma en las horas centrales del día debido a la producción renovable, la energía nuclear no puede cubrir ni siquiera los costes de su combustible. Por eso, en 2024, Almaraz I paró 16 días y Cofrentes 26 días por razones puramente económicas, una situación que se ha agudizado en 2025", recuerdan.

Clave en la dana

Por contra, el presidente de GDES insiste en que desde el punto de vista del sistema eléctrico, "Cofrentes es hoy insustituible: aporta energía limpia, continua y, sobre todo, estable a la red en momentos críticos. Así se demostró durante la dana, cuando fue clave para evitar un apagón en la provincia y mantuvo el equilibrio del sistema. La transición energética requiere más renovables, pero también potencia firme que garantice seguridad de suministro; cerrar la nuclear de forma prematura solo aumentaría la volatilidad de precios y la dependencia del gas, como ya ha ocurrido en otros países europeos". 

Política

El debate nuclear también es político. Los partidos de izquierdas y el Gobierno de España (aunque en este caso la parte socialista ya no con tanta claridad como antes de las crisis energéticas) apuestan por mantener el cierre. PP y Vox defienden abiertamente la prórroga. El debate sobre el cierre de la central de Almaraz ha sido un punto de fricción clave en los pactos y la política económica en Extremadura. En el caso de Cofrentes, se inició en octubre de 2024 (justo antes de la dana) la movilización para reivindicar la prórroga.

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