Alicante casi iguala a Valencia en solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria de migrantes ha dejado en Alicante una doble imagen. Por un lado, la de una provincia que vuelve a situarse entre los grandes focos de demanda de este proceso en España. Por otro, la de miles de personas que llevan años trabajando, cuidando, sirviendo mesas, recogiendo cosechas o sosteniendo hogares sin una situación administrativa plenamente reconocida y que ahora buscan convertir esa vida ya arraigada en papeles, derechos y estabilidad.

Los datos confirman el peso de Alicante dentro del procedimiento impulsado por el Gobierno central. Según datos facilitados este jueves por la Delegación del Gobierno, la provincia ha registrado 73.245 solicitudes, prácticamente al mismo nivel que Valencia, donde se han contabilizado 74.951. La diferencia entre ambas apenas llega a 1.706 expedientes. En conjunto, la Comunidad Valenciana suma 167.286 peticiones y se sitúa como la tercera autonomía con más solicitudes, solo por detrás de Cataluña y Madrid y por delante de Andalucía.

Alicante concentra casi el 44% de las peticiones valencianas

El reparto provincial muestra hasta qué punto Alicante no aparece como un territorio secundario dentro del proceso. Valencia concentra alrededor del 44,8 % de las peticiones valencianas, mientras que Alicante reúne aproximadamente el 43,8 %. Castellón queda bastante por detrás, con 19.090 solicitudes, en torno al 11,4 %. La fotografía estadística retrata una realidad que ya se percibe desde hace años en sectores como los cuidados, la agricultura, la hostelería o el trabajo doméstico: buena parte de la población migrante forma parte de la vida económica y social de la provincia, aunque muchas veces lo haga desde la precariedad o la invisibilidad administrativa.

España ya vivió una regularización masiva en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel proceso, denominado entonces de normalización, benefició a 576.506 extranjeros en situación irregular y transformó de forma profunda el mercado laboral. Dos décadas después, el país afronta una nueva regularización extraordinaria promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con más de 1,17 millones de solicitudes registradas en todo el país hasta el cierre del plazo, el pasado 30 de junio. De ellas, más de 608.000 ya están en tramitación, lo que supone casi el 52 % del total.

Empresarios y trabajadores inmigrantes en Alicante opinan sobre el proceso de regularización

Más de 1,17 millones de solicitudes en toda España

Para quienes están inmersos en el proceso, la regularización no es solo una cifra ni un trámite más. Los inmigrantes que ya pasaron por procesos anteriores, ya fuera antes de Zapatero, durante aquella normalización, por arraigo social o familiar, o mediante visado, coinciden en una misma idea: tener papeles en regla marca la diferencia entre vivir al margen del sistema o poder integrarse de verdad. Significa acceder a un contrato, cotizar, alquilar con más garantías, abrir una cuenta, viajar, no depender de intermediarios y dejar de vivir con miedo a cualquier gestión ordinaria.

El procedimiento, sin embargo, ha vuelto a mostrar las dificultades de una administración tensionada por la avalancha de solicitudes. En la provincia de Alicante, uno de los principales cuellos de botella ha sido el certificado de vulnerabilidad, un documento clave en determinados supuestos para acreditar la situación de quienes aspiran al arraigo extraordinario. La demanda ha llegado a colapsar centros sociales, especialmente en los municipios más grandes, coincidiendo con el inicio de la presentación presencial de solicitudes en Correos, la Seguridad Social y Extranjería.

La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surgió de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas pero quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario. Podían presentar su solicitud todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.

La Comunidad Valenciana, tercera autonomía con más solicitudes

En la ciudad de Alicante, la falta inicial de instrucciones claras llevó a algunos centros sociales a limitarse a anotar el nombre y el teléfono de los solicitantes para avisarles cuando hubiera un criterio definido sobre cómo tramitar el informe. Solo en dos centros ubicados en barrios con una elevada presencia de población migrante se llegaron a acumular más de un millar de personas apuntadas. Otros municipios, como Alcoy, habilitaron procedimientos específicos para tratar de agilizar la gestión.

La confusión en torno al certificado ha abierto también la puerta a abusos. Algunos solicitantes han denunciado que en Alicante se les ha llegado a pedir hasta 200 euros por gestionar un documento que es gratuito. “Todo el mundo anda buscando un papel que les piden. Es todo muy confuso y enredado”, relataba uno de los afectados. Según su testimonio, hay personas que se aprovechan del desconocimiento y de la urgencia de quienes no quieren perder la oportunidad de regularizar su situación: “Por desespero muchos lo pagan para no estar dando vueltas por allá, vueltas para acá”.

Un proceso con fuerte impacto en la provincia

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dispone en el portal específico de la regularización de un modelo de certificado para acreditar la situación de vulnerabilidad, disponible para su descarga. Aun así, la mezcla de desconocimiento, miedo a equivocarse y dificultad para acceder a la información ha convertido un trámite gratuito en un terreno abonado para intermediarios y posibles engaños.

El proceso deja, por tanto, una lectura que va más allá del volumen de expedientes. Alicante roza a Valencia en número de solicitudes y concentra casi el 44 % de las peticiones de toda la Comunidad Valenciana. Detrás de esa cifra hay miles de personas que ya forman parte de la provincia y que ahora tratan de salir de la economía sumergida para acceder a una vida administrativa normalizada. La regularización vuelve a plantearse así como un punto de inflexión, el paso de sostener parte del sistema desde la sombra a poder hacerlo con derechos reconocidos.

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