Vox exige al PP usar la inspección educativa contra los docentes por "adoctrinamiento"

La prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas como la Renta Valenciana de Inclusión es la principal pero no una de la única exigencia que Vox le ha planteado al PP en la elaboración de los Presupuestos de 2026, que están en plena tramitación en Les Corts Valencianes. Las propuestas contra el uso del burka en el espacio público, contra el aborto, para rebajar impuestos a los más ricos y para aplicar un nuevo recorte a la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) completan la nómina de enmiendas presentadas por el grupo parlamentario que encabeza José María Llanos en múltiples materias. También en educación hay una batería de iniciativas que piden utilizar la inspección educativa contra lo que el partido de Santiago Abascal considera "adoctrinamiento" en las aulas y que, sostienen los voxistas, pondría en entredicho la "neutralidad" obligada de la actividad docente.

Una de las enmiendas parciales presentadas a la Ley de Acompañamiento busca modificar la normativa que regula la actuación y funcionamiento de la inspección en el ámbito educativo, que hasta ahora ya tiene funciones como supervisar la práctica docente y los centros educativos "desde el punto de vista pedagógico" o informar para "la mejora de la calidad de la enseñanza". Pero Vox quiere que las tareas de los inspectores vayan más allá y, en su enmienda, pretende incluir la función de "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos".

La iniciativa del partido de Abascal en el parlamento valenciano pretende que el cuerpo de inspección supervise "las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares" para garantizar que se mantienen "ajenos a cualquier tipo de adoctrinaimento o proselitismo político", con el propósito de asegurar el "respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias". Una enmienda que se justifica, también, para garantizar los "derechos derivados de la libertad lingüística".

Otra de las enmiendas, en este caso para cambiar el decreto que regula la convivencia en las escuelas, incide en todos estos conceptos y añade un punto específico sober "la neutralidad" de los centros. Con él, señala a los directivos, docentes y consejo escolar como los responsables de "vela rpor la neutralidad ideológica en el diseño, aprobación, comunicación a los padres, impartición y control" no solo de los contenidos educativos sino también en la programación de actividades y la elección de libros de texto y otros materiales didácticos para evitar así el "adoctrinamiento ideológico". Un control que debería ejercerse, a su juicio respecto a terceras "personas" o "colectivos" que impartan contenidos en los centros.

Además, Vox plantea crear un canal de denuncias a partir del cual la Inspección pueda, tras realizar "una valoración inicial" de cada comunicación, un procedimiento para "determinar la procedencia de actuaciones inspectoras" en un plazo máximo de 10 días, y se podrá dar trato prioritario a un caso cuando presente "indicios razonables de posibles incumplimientos normativos" y que pudieran afectar a la "seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado". Aunque el criterio general será no abrir inspecciones por denuncias sobre "discrepancias pedagógicas ordinarias, reclamaciones académicas" u otras cuestiones para las que quepa proceso de revisión o recurso.

El aborto y el burka

El grupo parlamentario que dirige Llanos también va contra el aborto en sus iniciativas. Una de las enmiendas presentadas pertende modificar la ley de edrechos ed la infancia y adolescencia. Donde dice que la administración autonómica debe garantizar "el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes", el texto propuesto señala que la Generalitat protegerá "dentro de sus competencias, el derecho a la vida de los no nacidos y menores de edad", si hiciera falta instando "las medidas judiciales oportunas".

Asimismo, Vox ataca la presencia de piezas de vestimenta como el burka o el niqab en espacios públicos con una enmienda que, aunque no los menciona, obligaría a "mantener el rostro sustancialmente descubierto durante el acceso y la permanencia en el establecimiento público, recinto o espacio" donde se desarrollen actividades recreativas para "permitir su identificación visual continua" por "razones de seguridad organizativa, orden público y prevención de riesgos". Su incumplimiento supondría, de prosperar la iniciativa, una "infracción grave" y sería motivo para prohibir el acceso. La medida se extendería también al transporte público, los centros de salud, colegios y puestos de trabajo públicos.

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