Sanidad privatiza la logopedia en Primaria por 20 millones para atender a 3.700 pacientes

La Conselleria de Sanidad privatizará el servicio de logopedia en los centros de salud de la Comunitat Valenciana y, para ello, ha lanzado la licitación de este servicio por un importe total de 20 millones de euros para los próximos tres años, repartidos entre las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) -hay una licitación por macroárea-, para atender a 3.747 pacientes. Con esta medida, la Generalitat responde a una de las peticiones más demandadas, pero no de la forma en la que se lleva a término porque no se hace con un aumento del número de profesionales en la plantilla de la Generalitat; actualmente, solo hay 45 plazas en los hospitales públicos.

En cambio, Sanidad opta por privatizar el servicio, algo que ya ocurre en parte ahora porque algunos departamentos -La Fe es uno de ellos- tienen convenios con fundaciones para prestar este servicio de logopedia. Pero, ahora, la Generalitat lo regula a través de esta licitación y su externalización. Desde UGT, denuncian esta medida porque muestra, una vez más, que "lejos de apostar por el modelo público, el Consell continúa el camino de la privatización de la sanidad". Lo hace, además, recordando que la falta de logopedas en la sanidad pública no es por falta de profesionales, ya que la bolsa temporal de empleo del hospital La Fe de València tiene a 200 profesionales inscritos dispuestos a trabajar en la sanidad pública. El sindicato critica, además, el "engaño" perpetrado por la Conselleria que pidió a los profesionales participar de "buena fe" en el desarrollo de un plan de logopedia ambulatorio, haciéndoles creer "que se implantaría dentro del sistema público", para finalmente externalizar el servicio.

¿A cuántos profesionales se podría contratar con estos 20 millones? A 208 cada año. Y es que estos profesionales tienen una categoría de A2 en la sanidad pública y una retribución anual de 35.252,86 euros. La incógnita es saber la cantidad de profesionales que ofrecerán las empresas ganadoras de la licitación. En el pliego técnico, se especifica que como mínimo que deberá haber un profesional por centro asistencial -debe establecerse uno en cada departamento de salud, hay 24- y que este a su vez podrá contar con apoyo psicológico. Si los licitadores cumplen con el mínimo establecido, habrá 24 profesionales contratados. Con ese mismo dinero Sanidad podría crear 208 plazas en su plantilla, aunque el pliego también obliga a las empresas a dotar a los centros de materiales y unos espacios determinados. A nadie se le escapa que estas ya pueden existir si se trata de clínicas que ya ofrecen este servicio por su cuenta.

Hasta un máximo de 60 sesiones

Las estimaciones de la Conselleria de Sanidad estiman que un total de 3.747 pacientes deberán ser derivados a este programa. La ASI con mayor número de pacientes sería la de Alicante centro, con 757 personas, seguida por la de Alicante-Norte con 655 y la de Valencia-Este -allí se integra el Doctor Peset- con 539. El de Valencia-Sur, por ejemplo, que es la que tiene como hospital de referencia a La Fe, solo prevé tratar a 347 pacientes. Es uno de los departamentos que cuenta con profesionales en su plantilla ordinaria. Según las estimaciones del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana, cerca de 12.000 personas al año en la autonomía sufren un ictus y son susceptibles de necesitar rehabilitación logopédica y 250.000 sufren disfagia.

Este servicio externalizado tratará a pacientes con trastorno del lenguaje o afasias, trastorno del habla, trastornos de la voz (disfonías o afonía), patologías auditivas, trastornos de deglución o tratamientos postlaringectomia. El pliego especifica que "no se derivarán [...] trastornos del lenguaje vinculados a síndromes complejos o procesos de las funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o su se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o familia". Es decir que los casos más difíciles, también los más costosos, se seguirán atendiendo en la pública con el personal disponible en los hospitales.

Las condiciones establecen también el tiempo de demora para pasar por la consulta que deberá ser de 15 días como máximo para los casos no urgentes y de siete días para los que sí lo sean. Será el sanitario público que derive al paciente el que establezca ese nivel de urgencia. En cuanto a las sesiones en sí, se deberán priorizar las de formato individual "siempre que sea posible por espacio o tiempo". Si no, se establecen unas pautas de consultas individuales y otras colectivas con un máximo de 60 sesiones para las personas con patologías auditivas.

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