El Gobierno avanza con la quita de la deuda que condonaría 11.000 millones a la Comunidad Valenciana pese a la oposición de PP y Vox

El Gobierno ha logrado este jueves una mayoría en el Congreso que le permite continuar adelante con el proyecto de ley que contempla la condonación de 83.252 millones de deuda a las comunidades autónomas y que, en el caso de la C. Valenciana, la más endeudada del país en relación a su riqueza, supondría una quita de más de 11.000 millones, casi un 20 % del total. La cámara baja ha tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, por lo que la iniciativa continúa su tramitación parlamentaria.

El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, que ha sido el encargado de defender la propuesta en el Congreso, ha lamentado la oposición del bloque de la derecha, en especial del PP, a quien ha reprochado que enmiende el texto sin presentar una "alternativa" y que quieran "convertir una medida de alivio financiero en un agravio" por nacer de un pacto con ERC.

El ministro ha remarcado que la propuesta es "objetiva y transparente" y ha instado a los populares a "hablar con sus compañeros de la C. Valenciana o Murcia y explicarles por qué quieren que siga soportando esa carga financiera". España ha hecho especial incidencia en la situación de las arcas de la Generalitat, la más endeudada respecto al PIB y la más beneficiada de la quita en euros por habitante. Ha destacado también que permite un ahorro de entre 6.000 y 7.000 millones en intereses a las comunidades y que un 70 % de la quita global iría a territorios donde gobierna el PP.

El PP no lo ve "justificado"

Pese a todo, el PP se opone de manera frontal. En la enmienda, los populares tildan la condonación de "injusta, insolidaria e ineficaz". Según el texto, esas quitas "premian a las comunidades sin tener en cuenta la mejor o peor gestión de los recursos públicos sin ninguna justificación objetiva". Además, los de Alberto Núñez Feijóo critican las diferencias de condonación entre autonomías, que benefician a la C. Valenciana por esa infrafinanciación histórica, y consideran que no tienen "ninguna razón objetiva". Cabe recordar que la quita que plantea el Gobierno es de 2.285 euros por habitante en el caso valenciano frente a los 1.368 de otros territorios como Madrid, Cantabria o Galicia.

El ministro socialista, exconseller de Hacienda en la C. Valenciana, ha defendido que "la igualdad no exige un tratamiento idéntico" y ha subrayado que "no todas las comunidades" parten del mismo nivel de deuda ni de infrafinanciación, criticando que la enmienda del PP parece reflejar "solo la visión de una comunidad", en alusión a Madrid. Arcadi España ha reprochado también que el PP critique que la condonación se ofrezca sin imponer planes de ajuste a las comunidades que accedan a la quita. "¿La propuesta es volver a la receta de siempre y que las comunidades infrafinanciadas se vean condenadas a más recortes?", se ha preguntado.

Un Consell alineado con Génova

La propuesta del Ejecutivo sobre la deuda, como también sucede con la reforma del modelo de financiación, es incómoda para el Consell del PP, al frente de una autonomía con muchas más necesidades de oxígeno financiero (precisamente por ese déficit de recursos que llegan del sistema de reparto) que otras del PP pero que sin embargo ha visto como Génova imponía a sus territorios un rechazo frontal con el que se ha terminado alineando, tanto con el perdón del pasivo como con el cambio de sistema. Una posición más difícil de defender que en otras autonomías con más recursos y que ha generado algún bandazo en el relato de la Generalitat.

El Consell se ha mostrado reacio a aceptar la oferta desde que se puso encima de la mesa, pese a que era una de las patas de las reivindicaciones consensuadas en el ámbito autonómico a nivel político y académico: reforma del sistema, quita de la deuda y fondo de nivelación hasta el cambio de modelo. De hecho, en los presupuestos de 2024 el PP de Carlos Mazón pactó con el PSPV una enmienda para exigir una "justa condonación de la deuda histórica" al Gobierno central del que ahora el de Pérez Llorca reniega.

¿Quita ampliable?

Recientemente, tras poner encima de la mesa ese nuevo modelo y ya con Llorca en el Palau, el Consell ha basado su negativa a la reforma del sistema en que no incluye, precisamente, una condonación de la deuda. El PP de Llorca ahora exige que la quita alcance los 40.000 millones --la cifra equivalente al 80 % del total de deuda--, la parte que se atribuye a la infrafinanciación relativa valenciana. Esta misma semana el Consell tildó los 11.000 millones de "irrisorios". Los expertos, que también la consideran insuficiente, estiman que debería alcanzar los 17.000 millones. Desde el Gobierno han lanzado algún guiño en los últimos meses a poder ampliar la condonación a futuro para atender ese maltrato histórico.

Incluso antes de que el Ministerio de Hacienda aterrizara la propuesta de condonación y sus criterios, el gobierno valenciano entonces pilotado por Carlos Mazón la tachó de "parche". El principal argumento para rechazarla, además de nacer de un pacto bilateral con Cataluña, era que no solucionaba el problema estructural, "que es de financiación y no de endeudamiento". La prioridad era entonces el fondo de nivelación, que sí estaba avalado por Génova. Es decir, cuando se ofrece la quita el Consell pide la reforma y cuando se ofrece la reforma, pide la quita.

Una vez la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso cifra a la quita (11.210 millones de euros) y expuso los criterios de cálculo, el Consell no quiso ni sentarse a hablar. Pese a contar con una deuda que solo en intereses ya se come más recursos que todos los destinados a Infraestructuras, la entonces consellera Ruth Merino se sumó al plante de todas las comunidades del PP en el cónclave donde se debatía la propuesta, que aun así fue aprobada con el voto del Gobierno (que vale el 50 %), Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña (las únicas donde no gobierna el PP). Arcadi España ha lamentado ese "gamberrismo institucional" así como las posteriores exigencias de negociar en foros multilaterales tras aquel plante en el Consejo de Política Fiscal, donde están representadas todas las autonomías.

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