Pradas insiste en reclamar los wasaps de Bernabé en la dana

La jueza de la dana aceptó la solicitud de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, de ofrecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la posibilidad de aportar sus wasaps del día de la dana porque ya lo había hecho en Les Corts Valencianes. Pero se niega con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque durante su testifical, que tuvo lugar hace más de un año, se negó a mostrar el listado de llamadas alegando el carácter reservado de su teléfono móvil.

Así pues, Pradas insiste para extender el ofrecimiento a la delegada del Gobierno. En el recurso presentado este miércoles, la defensa de la exconsellera sostiene que "el tiempo transcurrido entre la declaración de una persona implicada en la emergencia y la solicitud de una diligencia relacionada con ésta no debe tener influencia alguna en la decisión en cuanto a la pertinencia, necesidad y utilidad de su adopción", e insiste en que la instrucción es "una fase dinámica y prolongada en el tiempo", por lo que no cabe entender "precluida" la posibilidad de pedir diligencias por el mero paso de los meses.

Por otra parte, el escrito, al que ha tenido acceso este diario, niega que pueda equipararse lo ocurrido en la declaración de Bernabé con una negativa a entregar cualquier tipo de comunicación. Así, sostiene que aquel rechazo "se circunscribió exclusivamente al listado de llamadas telefónicas, alegando el carácter personal del terminal móvil", mientras que lo ahora solicitado es "sustancialmente diferente y más amplio", pues abarca "comunicaciones escritas vía correo electrónico, WhatsApp, Telegram, mensajería instantánea u otros canales".

A su juicio, "la condición de testigo no impide, en modo alguno, que se requiera a éste para la aportación voluntaria de comunicaciones relevantes para la investigación" y remarca que el propio juzgado ha incorporado antes comunicaciones de personas que "ni siquiera formaban parte del Cecopi", como la alcaldesa de València, María José Catalá, por lo que tacha de "contradictorio" negar ahora esa vía a la delegada del Gobierno, que sí "participó en el Cecopi y que ostentaba un papel institucional de primer orden", en lo que a su entender "quebranta el principio de igualdad de armas".

En su argumentación, recalca la utilidad de la diligencia porque permitiría "determinar de forma fehaciente qué información concreta circulaba en cada franja horaria" y conocer "los datos y advertencias de los que se disponía en relación con la evolución del caudal en el barranco del Poyo". Sin esas comunicaciones, advierte la defensa, "el mapa de información que se pretende reconstruir en la instrucción queda incompleto y potencialmente sesgado".

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