Llorca cierra su primer curso con un nuevo choque con el Gobierno por el "reparto" de los menores de Ceuta

Como en un déjà vu inesperado en un territorio donde la inmigración no está considerada como una preocupación ciudadana singular, la Comunidad Valenciana cierra el curso, por tercer año consecutivo, con el fenómeno migratorio convertido en el plato principal de un menú político marcado por el conflicto.

El Consell de la Generalitat ha convertido la crisis de Ceuta por el salto de decenas de miles personas desde Marruecos a Ceuta en un nuevo motivo para confrontar con el Gobierno de España. El portavoz del Consell, tras el pleno de este martes, dio por hecho que el Gobierno derivará a las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular los menores migrantes que han quedado en Ceuta procedentes de Marruecos.

"No hemos tenido ningún contacto, ni formal ni informal, nos hemos enterado por la prensa", dijo Barrachina sobre el envío, aunque de momento lo que ha hecho el Gobierno es habilitar 25 millones extra para Ceuta con el fin de atender a los menores allí. Ya se aportaron 5,5 millones en la conferencia sectorial de Infancia del pasado mes de julio.

Aunque el pleno del Consell no tomó ningún acuerdo sobre esta cuestión, Barrachina explicó que la crisis de Ceuta fue el primer tema que se abordó. Son más de mil menores no acompañados los que han quedado en la ciudad autónoma tras el regreso de la mayoría y allí solo tenían 29 plazas disponibles para darles acogida, señaló. "El primer objeto de debate ha sido la repercusión que va a tener en la C. Valenciana la previsible llegada de menores. Las comunidades autónomas del PP van a tener que hacer un esfuerzo y no tenemos ninguna comunicación. Estamos a la expectativa de la solución", dijo Barrachina, tras denunciar la "vulnerabilidad" de las fronteras españolas y señalar a Sánchez como responsable, por el "efecto llamada" de la regularización y la falta de reacción al salto masivo. "Entraron cuantos quisieron, cuando quisieron y se marcharon cuando les apeteció", resumió.

Este nuevo choque, que probablemente se sostendrá en el tiempo, cierra el primer curso político de Juanfran Pérez Llorca como president, donde ha logrado mantener la sintonía con Vox para consolidar al PP tras la crisis de la dana, tal como le encargó la dirección nacional del partido. El president, de hecho, ha conseguido aprobar los presupuestos, los más tardíos de la historia, para dar estabilidad al gobierno valenciano. Como contrapartida, Llorca ha tenido que asumir las tesis de Santiago Abascal sobre la cuestión migratoria, incorporando a las cuentas recién aprobadas la idea de 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas públicas.

El recurso judicial de hace un año

Curiosamente, este ejercicio termina como lo hizo el anterior, con un choque del Consell contra el Gobierno por el reparto de migrantes. En el último pleno antes de la parada estival de 2025, el Ejecutivo valenciano anunciaba un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo al reparto que hacía el Gobierno de menores migrantes que se encontraban en Canarias: a la C. Valenciana le tocaban 571 de los casi 4.000 que habían llegado a las islas y se alegaba la situación de saturación de los recursos sociales de acogida en la autonomía.

El Gobierno cambió en 2025 la ley de Extranjería para crear ese sistema obligatorio de reparto. Desde que entró en vigor, se han tramitado 2.000 expedientes desde Canarias, Ceuta y Melilla, según datos del Gobierno.

Desde ese momento, y en el contexto de la presión de Vox por su flanco derecho, el PP ha endurecido también su posición respecto al fenómeno migratorio, hasta el punto de oponerse a la reciente regularización que defendían desde los empresarios a la Iglesia Católica. Cabe recordar que la migración fue el motivo por el que un año atrás, en julio de 2024, Abascal rompió todos los gobiernos de coalición que mantenía con el PP, también el Consell con Mazón.

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