Ciudad de la Luz firmó ayer el contrato con la empresa que durante los próximos meses se encargará de establecer las condiciones más favorables para la venta o alquiler de los estudios alicantinos. Será Ambers&Co, la misma que se encargó de la venta de Terra Mítica, la que fue elegida por el Comité de Dirección del complejo el pasado 2 de febrero y aprobada por el Consejo de Administración cuatro días después, con la que ayer se cerró la contratación, por un total de 42.500 euros (Iva excluido).

En principio, la duración inicial del contrato será de cuatro meses y medio, aunque el total de ejecución se adecuará a las necesidades que se establezcan, ya que tendrá que marcar las condiciones más óptimas para el proceso de externalización de Ciudad de la Luz y marcar las exigencias a las empresas o particulares que puedan estar interesados en asumir su gestión.

Según el acuerdo de adjudicación, firmado ayer por el director general de Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, la elección se ha realizado entre tres empresas y en base a la más ventajosa económicamente. Las garantías establecidas contemplan una fianza definitiva del 5% del importe de adjudicación y otra complementaria, también del 5%.

No es la primera vez que Ambers&Co trabaja en la provincia. Esta empresa madrileña, una de las principales firmas de tamaño medio especializadas en asesoramiento financiero del país, también gestionó el acuerdo de arrendamiento de Terra Mítica entre la Generalitat y Aqualandia-Mundomar, y asesoró la compra de una clínica ofalmológica por la corporación Visum.

Ambers&Co es una firma de Banca de Inversión fundada en 2003 por ex socios y profesionales de Arthur Andersen Corporate Finance y se encuentra posicionada entre las primeras marcas españolas de M&A de tamaño medio. La empresa trabaja tanto en fuisones y adquisiciones como en reordenación financiera.

La Generalitat ha decidido externalizar el complejo cinematográfica por la acumulación de una deuda de más de 190 millones de euros. Además, Ciudad de la Luz se enfrenta en los tribunales a Aguamarga, empresa que hasta ahora gestiona los estudios y de la que quiere prescindir.