Consumo sanciona con 320.000 euros a la empresa del Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas

El Ministerio de Consumo ha sancionado con 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por distintas prácticas abusivas, como impedir el acceso con comida y bebida del exterior, limitar su reacceso o imponer gastos de gestión en la venta de entradas. La sanción se produce tras la denuncia de la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción que data del año 2022 y después de la cancelación de todos los eventos previstos para este año por parte de la promotora.

Según explica el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, la empresa a la que se ha impuesto esta sanción económica, que organiza festivales de música en diferentes comunidades y que el año pasado tuvo dos ediciones en la provincia, Torrevieja y Benidorm, ha admitido la responsabilidad por las infracciones y, a partir de esta sanción, está obligada a rectificar y a eliminar todas las cláusulas que se consideran abusivas. En total, la sanción asciende a 320.000 euros en función de las cuatro infracciones graves en las que ha incurrido la empresa.

Consumo explica que el público tuvo que pagar una cantidad adicional a la propia entrada para poder entrar y salir del recinto durante la celebración del evento. Así mismo, otra de las prácticas abusivas fue la imposición de gastos de gestión en la venta de entradas, tras constatar que el incremento de su precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado; o la limitación del derecho del reembolso del dinero que los asistentes no se hubieran gastado a través del medio de pago habilitado por el festival, en ese caso pulseras cashless.

El ministerio asegura que los organizadores establecieron un periodo de tiempo limitado para solicitar el reembolso de su dinero, que se recargaba previamente en las pulseras, sirviendo como único método de pago en todo el recinto, y se exigía a los asistentes un cobro adicional en concepto de gastos de gestión por la devolución de dicho dinero, así como la no devolución de cantidades sobrantes por importes inferiores a dos euros.

Junto a la multa económica, la sanción implica que esta empresa tiene la obligación de rectificar y de eliminar las cláusulas que se consideran abusivas, aunque esta decisión llega después de que la promotora haya cancelado todas sus ediciones de 2026 "tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones".

El festival estuvo en activo durante ocho años, formando parte de la historia reciente de la música urbana a nivel nacional con un gran número de asistencia a lo largo de toda su historia. En la provincia, Benidorm fue su sede principal, a la que se sumó Torrevieja y que en la edición de este año, que finalmente no se celebrará, se iba a celebrar en el recinto ferial de IFA. El cartel ya contaba con confirmaciones de la talla de Luar la L, Ñengo Flow, Roa y Clarent.

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Consumo advierte a otros festivales nacionales

Tras esta decisión, Consumo ha realizado unas recomendaciones y advertencias a este tipo de eventos de cara a la compra de entradas para asistir a un festival, como la de que el precio debe ser final y completo desde el inicio, incluyendo todos los gastos, y que esos gastos de gestión solo pueden cobrarse si responden a un servicio real y no de manera predeterminada, como sucede en muchos de los casos y que ha acabado lastrando al Reggaeton Beach Festival.

Asimismo, apuntan que la organización debe garantizar el acceso a agua del grifo en el evento y la prohibición de introducir comida y bebida puede ser abusiva si dentro del recinto se obliga a comprar. Destacan, por el contrario, que la reventa no está prohibida, pero se debe comprobar que el promotor la permite, señala Consumo, que propone utilizar siempre canales autorizados para desarrollar esta transacción.

En esta sentido, si la compra se hace fuera del canal oficial, hay que asegurarse de que las entradas que se adquieren no son nominativas, que se garantiza el acceso y que se han puesto a la venta por los promotores y no sobre eventos creados por las plataformas, concluye el ministerio de Bustinduy. Sin embargo, todavía queda abierta la pugna por la devolución del importe de las entradas a los usuarios que adquirieron su entrada para alguna de las fechas de este 2026.

Una devolución de las entradas en estado de espera

La decisión del Ministerio de Consumo, tras la denuncia de Facua, llega en un momento de tensión por parte del Reggaeton Beach Festival, que todavía no ha devuelto el importe íntegro de las entradas a todos los usuarios que no van a poder ir a alguna de las siete citas confirmadas en Barcelona, Madrid, Tenerife, Mallorca, Santander, Nigrán y la propia Alicante. Según algunas fuentes que se han puesto en contacto con INFORMACIÓN, todavía siguen buscando que la empresa les devuelva el importe de una entrada que asciente en algunos casos a más de 160 euros.

Los promotores del Reggaeton Beach Festival afirman que esa labor pertenece a la tiquetera encargada de comercializar las entradas, en este caso Enterticket. Sin embargo, la empresa encargada de vender las entradas asegura que "para que podamos tramitar los reembolsos, el organizador debe poner a nuestra disposición los fondos correspondientes". En este sentido, Enterticket presta el servicio de venta y gestión de entradas del evento, pero explican que los importes abonados por los asistentes son recibidos por el organizador del Reggaeton Beach Festival, en este caso la empresa Cyclop 2014 S.L.

La situación que ha vivido el festival este último año, confirmando que a nivel financiero no se encontraban "en disposición de continuar con la gira 2026 ni de mantener la actividad operativa necesaria para el desarrollo de los eventos previstos", genera también inseguridad a los usuarios alicantinos que todavía no han conseguido obtener la devolución de sus entradas. Y ahora, además, la empresa también tendrá que hacer frente a la sanción de 320.000 euros impuesta por Consumo.

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