“Yo no digo si es delito o no, pero sí un esquema típico de corrupción”. Estas palabras fueron pronunciadas este martes ante la jueza que investiga el ‘Barçagate’ por Noelia Romero, la que fuera ‘compliance officer’ (responsable de prevención de delito) del FC Barcelona y que se ha convertido en una testigo clave para sostener la acusación contra el expresidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, y sus más estrechos colaboradores en el club acusados de administración desleal, entre otros delitos. La importancia de sus palabras quedó reflejada en la batería de preguntas que los abogados defensores de los imputados le lanzaron durante las más de tres horas que duró su intenso interrogatorio.
Romero ya había declarado en el juzgado en julio del 2020, pero, en esa ocasión, solo estuvieron presentes la jueza y la fiscalía. Al no poder participar las defensas, la togada aceptó la petición del abogado de Roman Gómez Ponti, exjefe de la asesoría jurídica de club, de citarla de nuevo. Las defensas de los acusados tenían la artillería preparada. No es baladí el hecho de que fuera esta testigo la que se personara en del juzgado con correos electrónicos que ponían en aprieto a exdirectivos del Barça sobre la supuesta contratación irregular de la monitorización de las redes sociales, servicio que se usó para desprestigiar a personas que se oponían a Bartomeu y su junta directiva.
La declaración comenzó con un contratiempo. Un fallo en la grabación de audio obligó a repetir una hora de interrogatorio. Romero detalló ante la jueza que, en su opinión, los encargos a I3Ventures fueron fraccionados entre varias empresas del grupo, a pesar de ser un mismo servicio, y que algunos de sus informes eran repetitivos. Los contratos, aseguró, no pasaban por el preceptivo proceso de homologación de proveedores. Al ser preguntada por una entrevista en la que se refería al 'Barçagate' como corrupción, la ‘compliance’ precisó que ella lo que quiso decir es que era un “esquema típico de corrupción”.
Las presiones
Durante su denso interrogatorio, Romero quiso dejar constancia que “recibió coacciones” para que no continuara investigando la presunta contratación irregular de esos servicios de internet, tesis sostenida por los Mossos en sus informes. Dio un nombre concreto: Marta Plana, exdirectiva de la junta de Bartomeu, que no está imputada. Para sus pesquisas, precisó, se entrevistó con unas 15 personas e hizo “comprobaciones preliminares”.
No se ahorró dardos contra Gómez Ponti (“sus contratos no pasaban por los procesos de licitación”) y explicó que no comunicó sus pesquisas al que fuera presidente del club porque había “un conflicto de intereses”, pues él era quien había firmado los contratos con el grupo de I3 Ventures. A su entender, Gómez Ponti y el director general Òscar Grau eran quienes controlaban esos contratos sobrepasando sus atribuciones, según fuentes jurídicas. La testigo reconoció que se entrevistó con los Mossos, que investigan el caso, sin que esta reunión aparezca, según las defensa, en las diligencias judiciales.
