Bartomeu declarará en los juzgados como imputado dos veces en tan solo ocho días

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu declarará como imputado dos veces en los juzgados de la capital catalana con una diferencia de ocho días. Está citado el próximo jueves 5 por la denuncia de presuntas irregularidades presentada por el propio club ante la fiscalía cuando ya estaba presidido por Joan Laporta; y el viernes 13 tendrá que comparecer por el caso Barçagate, por presunta administración desleal, al haber contratado a una empresa para controlar las redes sociales. Esta última comparecencia se producirá dos días antes de las elecciones al Barça, que se celebran el domingo 15, y en plena recta final de la campaña.

Bartomeu se está convirtiendo en un habitual de los juzgados. En septiembre de 2025 declaró por el caso Negreira, por presunta corrupción deportiva (el club azulgrana pagó 7,6 millones de euros al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Negreira, durante 18 años), y ahora vuelve a la Ciutat de la Justícia de Barcelona este jueves, aunque ante otro juzgado, por el presunto pago de comisiones millonarias en fichajes, como el de Malcom, así como por diversas operaciones supuestamente irregulares, como el pago de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias derivadas de las obras del Miniestadi. Este proceso judicial nace de una denuncia del propio FC Barcelona, ya con Laporta al frente, ante la Fiscalía de Barcelona, a raíz del resultado de la auditoría (forensic) de las cuentas de sus antecesores. Tras su investigación, la Fiscalía presentó la denuncia en los juzgados.

La Fiscalía de Barcelona acusa a Bartomeu de omitir “los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio” del club “que le era ajeno”, “usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva”, a la que habría ocultado “la realidad de los aspectos de las operaciones” investigadas. El delito que le atribuye la acusación pública es el de administración desleal. El presunto perjuicio ocasionado ascendería a cuatro millones de euros, muy inferior a la cantidad global que se desprendía de la auditoría encargada por el actual presidente del club, Joan Laporta, que apuntaba a unos 30 millones.

Las operaciones bajo la lupa de los investigadores son: el fichaje del jugador brasileño Malcom, delantero que prestaba sus servicios profesionales en el FC Girondins de Bordeaux; las minutas que el club pagó a un abogado —1,7 millones de euros, abonados en dos años— por cerrar el acuerdo al que la entidad llegó con la Fiscalía y la Agencia Tributaria por el impago de impuestos en el fichaje de Neymar, lo que supuso un ahorro para el club; y el desembolso de 1,5 millones de euros como indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça. Cuando la Fiscalía presentó la denuncia, el abogado de Bartomeu, José María Fuster-Fabra, aseguró que la voluntad del expresidente del Barça “ha sido y es” aclarar ante la justicia “su trabajo en relación con la gestión” al frente del club, en la que —reconoce— “pudo haber aciertos y desaciertos”, pero no “un beneficio patrimonial personal alguno”.

Presunta administración desleal

La otra comparecencia de Bartomeu en el juzgado será el viernes 13 por el caso Barçagate, también por presunta administración desleal. El expresidente del Barça solicitó el 25 de septiembre de 2025 declarar voluntariamente. Por diversas razones, este interrogatorio se ha ido aplazando, pero ahora el exmandatario azulgrana podrá dar su versión de los hechos. En uno de sus informes, los Mossos d’Esquadra sostienen, tras analizar los mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos hallados en los teléfonos móviles y ordenadores del expresidente, que este ocultó de forma “deliberada” una serie de encargos —como difamaciones a otros candidatos, presuntas manipulaciones de encuestas, seguimientos a periodistas o la confección de listas negras de informadores— a la empresa que realizó la auditoría del Barçagate, PricewaterhouseCoopers (PwC), y a la policía.

Los policías que han investigado el caso apuntan que, en tres años y durante su presidencia, el FC Barcelona pagó 2,3 millones de euros a Nicestream “fraccionando facturas y contratos” para saltarse los procedimientos de adjudicación y los órganos de control. Para los agentes, los encargos de monitorización de las redes sociales se usaron para “finalidades y beneficios particulares”, en concreto para mejorar la imagen pública de Bartomeu de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Además, los investigadores han hallado cerca de medio centenar de informes de intervención elaborados para “desacreditar” a rivales en la carrera por la presidencia, como Víctor Font.