Parodi insiste al Supremo que el dinero del traspaso de Abde se usó para la supervivencia del Hércules

La cúpula del Hércules C. F. ha presentado ante el Tribunal Supremo los recursos con los que buscan tumbar la condena del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por alzamiento de bienes en el caso Abde. Un extenso informe de más de ochenta folios presentado por los abogados Francisco Ruiz Marco e Ignacio Gally en representación del presidente del club blanquiazul, Carlos Parodi. En el escrito, cuestionan desde ángulos diferentes que van desde la inexistencia de delito alguno por parte de los acusados, a los límites de las penas impuestas. El recurso incide en algo en lo que han insistido los dirigentes del equipo desde el inicio de la causa: que los dos millones que recibieron del FC Barcelona por el traspaso del jugador Abde se usaron para pagar gastos corrientes y garantizar la supervivencia del club. Unos argumentos en los que también insiste el abogado de los otros dos condenados (el actual vicepresidente del club, Valentín Botella, y el patrono de la Fundación Hércules, José Francisco Javier León Barahona).

Como ha venido publicando este diario, la Audiencia de Alicante absolvió a todos los acusados al considerar que no hubo delito alguno en su actuación. Sin embargo, la Sala de lo Penal del TSJ revocó esa sentencia e impuso dos años y medio de cárcel a Parodi; así como un año y siete meses para Botella y Barahona. Las defensas han pedido al Supremo que restaure la resolución de la Audiencia y, como alternativa, que se aplique atenuantes muy cualificadas por reparación del daño, ya que se pagó la totalidad de la deuda.

Entre los argumentos de los abogados de Parodi se insiste en el hecho de que la sentencia absolutoria de la Audiencia de Alicante incidía en que no existió por parte de los acusados ánimo alguno de defraudar. En este sentido, subrayan que el TSJ omitió todos los datos exculpatorios que figuraban en la primera sentencia. Entre ellos, los ofrecimientos del club a Hacienda para el pago de la deuda o el hecho de que la totalidad del dinero recibido por el traspaso del jugador se destinó al abono de deudas del club. Gally y Ruiz Marco subrayan que los hechos que quedaron probados durante el juicio no eran constitutivos de delito alguno, precisamente por esa falta de intencionalidad de cometer el delito porque el dinero se usó para fines legítimos del club. En este sentido subrayan que el TSJ hace una lectura "fragmentada" de la resolución, enfatizando solo aquellos aspectos incriminatorios y considerando "irrelevantes" aquellos que son exculpatorios.

En este sentido, otro de los puntos en los que insiste el recurso es el cumplimiento por parte del club herculano de los planes de compliance, programas éticos para la prevención del delito donde había protocolos para evitar el alzamiento de bienes. Los letrados denuncian un error en la valoración de la prueba por parte del TSJ, alegando que el tribunal ignoró la existencia de estas medidas de control que demuestran que el Hércules no era una estructura "opaca" orientada al fraude. Argumentan que el club disponía de mecanismos reales de supervisión y que la decisión de endosar el cheque a la Fundación fue una medida excepcional de gestión para garantizar el pago de salarios, y no un fallo en el sistema de prevención penal. En este sentido, inciden en que la sentencia del TSJ no aclara qué beneficio habrían obtenido el Hércules y la Fundación por el supuesto desvío de fondos, cuando el dinero se usó además para el pago de gastos del club con el objetivo de garantizar su continuidad. De los dos millones percibidos por el traspaso, 840.621 euros se destinaron específicamente al pago de nóminas de los trabajadores.

Atenuantes

La segunda parte del recurso se centra en tratar de rebajar condenas de manera subsidiaria y en el caso de que el recurso se inadmitiera, las penas impuestas por el TSJ. En esa línea, se cuestiona que la Fundación Hércules pueda ser responsable penalmente de estos hechos, puesto que era "una entidad inactiva y sin vida organizativa autónoma real". Los letrados consideran que ese dato no es periférico, sino que es central, puesto que no se le podía exigir el cumplimiento de un plan de compliance. En esta línea también cuestionan la pena de tres años de inhabilitación, que es la máxima prevista, cuando se ha pagado la totalidad de las indemnizaciones. Una medida que para los letrados produce efectos "desproporcionados" sobre la actividad del club. En esta línea también consideran que la atenuante de reparación del daño tendría que ser considerada como muy cualificada y por tanto traducirse en mayores rebajas de pena.

Por su parte, el recurso interpuesto por el abogado Sebastián Crespo en nombre de Botella y Barahona se centra en lo que califican como una interpretación "artificiosa" de la ley por parte del TSJ. La defensa argumenta que no puede existir delito de alzamiento cuando el dinero no se ocultó ni fue a parar a los bolsillos de los directivos, sino que se destinó íntegramente a extinguir deudas reales y legítimas del club. Bajo esta premisa, sostienen que priorizar el pago de salarios de los trabajadores y la Seguridad Social para evitar la desaparición de la entidad no es una maniobra criminal, sino un acto de gestión responsable ante una situación de extrema necesidad.

El segundo recurso enfatiza que ambos directivos fueron absueltos inicialmente al no apreciarse beneficio propio ni intención de engañar. Subrayan que, al haber sido satisfecha la deuda tributaria en su totalidad antes del juicio, carece de sentido mantener una condena de cárcel para quienes, en última instancia, lograron que Hacienda cobrara hasta el último céntimo mientras salvaban los empleos de la institución.

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