En 1995, al jefe de grupo de la policía adscrita a los Juzgados de Alicante Jesús García se le encendió la bombilla: los dos cuerpos sin identificar que estaban en ataúdes desde hacía diez años en el cementerio de la ciudad no podían ser otros que los de los etarras José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, desaparecidos desde octubre de 1983.

La investigación de los cuerpos, hallados en un paraje del municipio de Busot, y del entorno permitió llegar a la conclusión de que los dos jóvenes del comando Gorki habían sido torturados, asesinados y enterrados en 50 kilos de cal viva por miembros de la Guardia Civil pertenecientes a los Grupos Antiterroristas de Liberación, el grupo de terrorismo de Estado impulsado desde el Ministerio del Interior conocido como GAL.

La sentencia del caso, juzgado en la Audiencia Nacional en el año 2000, condenó a Enrique Rodríguez Galindo, general del Instituto Armado; Ángel Vaquero, teniente coronel; a los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo y al exgobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga a penas de entre 67 y 71 años de cárcel por detención ilegal y asesinato. Ninguno de ellos ha cumplido las penas íntegras. Y casi 34 años después de la desaparición de los etarras sigue sin estar claro por qué los GAL los trasladaron hasta Alicante para darles muerte.