En plena calle de Alfonso El Sabio de Alicante, los cerca del millar de participantes en la marcha contra los "responsables de la crisis", convocada por la Plataforma por la Huelga General se detiene en el número 38. Es la sede del Grupo Cívica, del constructor Enrique Ortiz, cuyo nombre aparece en el sumario del "Caso Brugal", que investiga la adjudicación al empresario del Plan Zonal de Basuras de la Vega Baja.

Son las 20.45 de la noche. Las oficinas del grupo empresarial están cerradas y las luces apagadas. En la calle, los viandantes y comerciantes -que están a punto de cerrar sus negocios- escuchan un manifiesto que lee un representante sindical (CGT) en una de las seis paradas que la Plataforma había elegido en su itinerario para "señalar" tanto a los sectores financieros y empresariales (construcción), así como a las administraciones como los "culpables" de la recesión, el paro y la reforma laboral.

Mientras el sindicalista lee el manifiesto, que recuerda la trayectoria empresarial de Ortiz, varias personas representan una parodia en la que un hombre con chistera reparte billetes a otros dos, con los rostros cubiertos con unas caretas. Alrededor, otro más, vestido de presidiario, pasa con un carro que simula al de la recogida de basuras. Fin de la parodia. Fin del manifiesto.

Los alrededor de mil manifestantes, según los organizadores -setecientos, según fuentes policiales- reemprenden la marcha hacia su próximo y cercano objetivo: el Banco de Santander, donde un representantes del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) leyó su denuncia.

Endeudamiento de familias

Con anterioridad, los participantes habían pasado por las sedes del Banco de España, donde se inició la manifestación, que tuvo un recorrido poco habitual en las movilizaciones reivindicativas. En esta ocasión, se avanzaba y retrocedía por las calles del centro, según se "visitara" a los objetivos de su protesta. Al Banco de España se le responsabilizó, entre otras cosas, de "consentir que las familias aumentasen su endeudamiento, que tienen similares efectos al endeudamiento público que ahora tanto combaten los Bancos Centrales", leía un representante de Ecologistas en Acción, una de la veintena de entidades que participan en la Plataforma por la Huelga General.

Muy cerca, frente al Teatro Principal, se leyó la protesta conjunta de CC OO y UGT ante la fachada de la patronal Coepa. "Estamos aquí", decía una joven sindicalista "para denunciar una reforma que rompe el equilibrio social, que favorece aún más el poder empresarial. Las empresas podrán cambiar nuestro horario, nuestro lugar de trabajo, y las condiciones laborales sin consultarnos y sin negociar. Y siendo, además, el despido más fácil y más barato porque se contemplan más causas para hacerlo y se reducen las indemnizaciones".

Aplausos para la sindicalista y abucheos para el sector empresarial se oyeron unos después de otros, en unos de los momentos en que más se corearon las consignas a favor del paro general. Transeúntes y ciudadanos sentandos en cafeterías se paraban o escuchaban, algunos observaban la leyenda de la pancarta en la que se leía "Huelga general, 29-S" o tomaban fotografías.

En la calle se surgían los comentarios, como el de dos señoras que al paso de la protesta se preguntaban la una a la otra "ahora que todo está firmado ¿ahora, quieren hacer esto?". Dos pasos después dos jóvenes, se mostraban sorprendidos y algo expectantes "Yo nunca he visto esto -se refería a la huelga-. Es el 29 de septiembre", le comentaba un joven a su amiga.

"¿Es España, papá?"

Y una niña que al ver a un numeroso grupo de personas coreando slóganes y moviendo banderolas le preguntaba a sus padres "¿Es España?". Quizá en su corta experiencia sólo recordara un agitar de banderas similar al día en que España ganó el Mundial de Futbol. "Sí, es España", le decía su padre en un tono resignado, sin entrar en más detalles.

Un ligero manto de lluvia "empapó" a los manifestantes en el tramo final, en las protestas ante las sedes del Consell, donde EU leyó su denuncia, y de la Subdelegación de Gobierno, cuyo manifiesto contra la reforma laboral elaboró la Plataforma Ciudadana por la República.