Los principales entidades financieras españolas tienen en estos momentos más de 5.300 viviendas en venta en la provincia de Alicante a través de sus páginas web, una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que el volumen total de pisos que ofrecen estas páginas en todo el país ronda los 65.000. Es decir, que la provincia concentra más de un 8% de la oferta nacional, el doble de lo que le correspondería por población. Además, a esta cantidad hay que sumar 700 inmuebles de otro tipo -desde plazas de garaje a locales comerciales o terrenos- de los que bancos y cajas también intentan desprenderse en Alicante por esta misma vía.
Las webs se han convertido en uno de los principales recursos de las entidades financieras para comercializar la enorme cartera de propiedades que acumulan como consecuencia de las daciones en pago y los embargos que ha acarreado la crisis económica y que, desde el pasado mes de septiembre, supone una carga todavía mayor para sus balances. En esa fecha entró en vigor la nueva normativa del Banco de España que penaliza la permanencia de los inmuebles en manos de bancos y cajas para evitar que sientan la tentación de retenerlos hasta que pase la recesión, lo que podría generar nuevos problemas en el futuro y retrasar la recuperación del sector de la construcción.
Así, hasta el momento, cuando una entidad se adjudicaba un inmueble debía descontar de su valor un 10% antes de anotarlo en su balance, cantidad que debía aumentar hasta el 20% si no conseguía venderlo pasado un año. Ahora, además, habrá que elevar la cifra hasta el 30% si se superan los dos años sin vender. En otras palabras, a lo largo de este ejercicio las entidades deberán registrar como pérdidas el 10% del valor de todas las viviendas que se quedaron en el año 2009 y que no hayan conseguido colocar, lo que puede suponer cientos de millones de euros para el sector. Sólo en Alicante el número de ejecuciones hipotecarias superó las 7.600 durante ese ejercicio.
Ante esta situación, bancos y cajas están reforzando sus ofertas y promociones para deshacerse lo antes posible de sus viviendas financiando el 100% del importe de adquisición, recuperando las hipotecas a 40 años (BBVA), o con descuentos que superan en ocasiones el 70%, como sería el caso de la CAM.
Una prioridad del SIP
En este sentido, la gestión de la cartera inmobiliaria se ha convertido en una de las prioridades para los responsables del Sistema Institucional de Protección (SIP) que la entidad alicantina ha creado junto a Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura, según reconocían ayer fuentes del grupo. Al respecto, las citadas fuentes señalaron que el modelo que se aplicará será el que viene desarrollando la CAM, "dado que es la entidad que más activos de este tipo acumula y también la que aporta mayor experiencia en la materia".
Como era de esperar, Caja Mediterráneo es la entidad con más viviendas en venta en la provincia a través de su web, con 1.463, una cuarta parte de todas las que ofrece en el conjunto del país. Tras ella se sitúan otras dos cajas que también basaron buena parte de su expansión durante los años de bonanza en el sector del ladrillo y que ahora se han unido en otro SIP. Se trata de Caja Madrid, con 645 viviendas, y Bancaja, con 615.
El primer banco de la lista es el BBVA, que tiene 580 casas en venta en la provincia en estos momentos. Banesto acumula 526 viviendas y la Caixa 511. A cierta distancia se sitúa Caja Murcia, con una oferta "online" de 364 pisos. El Banco Sabadell suma 153; Catalunya Caixa, 150; el Santander, 131; Ibercaja, 81; Novacaixa Galicia, 70; y el Banco Popular, 57. Curiosamente esta última entidad es la que posee la mayor cartera de inmuebles de otra naturaleza, entre las que destacan 165 plazas de garaje.
Entre la amplia oferta de la banca no sólo hay viviendas usadas, también se incluyen inmuebles de obra nueva que las entidades han aceptado comercializar para ayudar a los promotores a pagar sus deudas y otras que están ejecutando los propios bancos y cajas de ahorros.
La CAM y sus socios deberán aplicar este año un tercio del recorte
La CAM y sus socios en el SIP -Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura- deberán realizar a lo largo de este año al menos un tercio del recorte de plantilla de 2.200 trabajadores que pactaron con los sindicatos, según apuntaron ayer fuentes de CC OO, que confían en que la Dirección General de Trabajo dé su visto bueno al expediente de regulación de empleo (ERE) en las próximas semanas. Desde esta central recordaron que, al haber acuerdo con los trabajadores, el ERE -que se realizará principalmente mediante prejubilaciones- debería resolverse en el plazo máximo de un mes. Es decir, como muy tarde en la primera semana de febrero. Por su parte, desde el Sicam señalaron ayer que siguen con su intención de introducir mejoras en el acuerdo durante la fase de aplicación del mismo. d. n. alicante
