La morosidad de las administraciones públicas es responsable de la desaparición de la mitad de las 450.000 empresas (el 13 % del tejido empresarial español) que han cesado en su actividad desde 2008, según afirmó ayer el presidente de la Confederación Española de Pymes, Jesús Terciado. La Cámara de Comercio de Valencia invitó ayer a Jesús Terciado a pronunciar una conferencia sobre el futuro y las estrategias de las pequeñas y medianas empresas, en un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la patronal de la Comunidad, Rafael Ferrando.

En su intervención, el presidente de Cepyme denunció que algunas administraciones locales y autonómicas están pagando con retrasos que alcanzan los 500 días, y que especialmente los proveedores del sector sanitario están en "serias dificultades" como consecuencia de esta morosidad. A su juicio, la deuda de las administraciones está contribuyendo "simple y llanamente" a la desaparición de empresas y a la destrucción de empleo, por lo que ha exigido que se cumpla la Ley de Morosidad.

"Los problemas de financiación y la morosidad son el mismo problema para las pymes, es decir, falta de liquidez que les impide sostener su actividad. La solución es que quien deba dinero que lo pague y que las entidades financieras cumplan con su obligación, que es prestar dinero a quien lo necesita", añadió.

"Se planteó que fuese el ICO quien concediese créditos a las administraciones para que redujesen su morosidad, pero eso implicaría más déficit y el Estado no quiere. Fue una línea roja que marcó el ministerio de Economía con claridad", apuntó Terciado. Preguntado por el modelo de colaboración público-privada, el empresario consideró que "en muchos casos será la única forma de seguir invirtiendo. Sería posible si hubiese crédito suficiente".