El Gobierno aprobó ayer su código de buenas prácticas para que la banca pueda frenar los desahucios al aceptar que una familia "en riesgo de exclusión social" salde su hipoteca con la entrega de su vivienda, lo que se conoce como la dación en pago. La vivienda objeto del embargo será la única propiedad del hipotecado y no podrá valer más de 200.000 euros en las ciudades con más de un millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si supera los 100.000 ciudadanos -sería el caso de Alicante, Elche y Torrevieja- y un límite de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes (el resto de municipios de la provincia).

Además, para considerar que una familia está en riesgo de exclusión social debe tener todos sus miembros en paro, sin ingresos ni actividad económica y sus cuotas hipotecarias serán superiores al 60% del conjunto de sus ingresos. Todos estos requisitos se incluyen en un decreto-ley que hoy publicará el Boletín Oficial del Estado, según explicó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Aunque no se cambia la ley, sí tiene efectos retroactivos porque los titulares de hipotecas firmadas en el pasado también se beneficiarán de estas novedades siempre que las entidades que concedieron sus préstamos se acojan al código de buen gobierno. Sobre este particular, la adhesión de los bancos y cajas será voluntaria, si bien una vez aceptadas las condiciones promovidas por el Gobierno su carácter será obligatorio durante al menos dos años y, tal y como concretó la vicepresidenta, los hipotecados podrán recurrir a los tribunales para su cumplimiento. Además, el Ejecutivo constituirá una comisión de seguimiento para garantizar que las entidades comprometidas cumplen con el código. Para ello, emitirá informes semestrales.

"Estas medidas buscan paliar la situación dramática de muchos españoles que lo han perdido todo", valoró Soraya Sáenz de Santamaría, tras recordar que 1,5 millones de familias tienen todos sus miembros en desempleo. Además, desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España. La vicepresidenta también afirmó que la medida había tenido una buena acogida entre las entidades aunque no aclaró cuántas de ellas habían expresado ya su deseo de adherirse al citado código.

Sus palabras contrastaron con la reacción más bien fría de las dos grandes patronales del sector -la AEB (bancos) y la CECA (cajas)- que recordaron al Gobierno en sendos comunicados que ya vienen aplicando la dación en pago a sus clientes en aquellos casos que lo consideran adecuado. No obstante, mostraron su disposición a colaborar, sin aclarar si se adherirán al código de buenas prácticas. Desde la AEB fueron algo más allá y acusaron al ejecutivo de pretender que las entidades asuman "funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones Públicas".