La Mesa de la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes pedirá a la Mesa del parlamento autonómico que decida la conveniencia o no de dar cuenta al Fiscal de la negativa de algunos miembros de la caja alicantina a responder a preguntas planteadas por los grupos parlamentos.
El diputado socialista Ángel Luna hizo esta propuesta el pasado lunes después de que el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el exmiembro del consejo de dirección Daniel Gil --imputado por el juez que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante relacionadas con el 'caso Brugal'-- se negaran a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios para evitar que sus declaraciones puedan perjudicarles en sus procedimientos judiciales.
Luna, antes de las comparecencias de la comisión previstas para esta tarde, ha señalado que estas personas se acogen a su "derecho a no declarar", un derecho que "no veo por ninguna parte". En este sentido, considera que debería darse cuenta al Fiscal de esta "falta de colaboración" con la comisión de investigación para que determine si puede ser "constitutiva de delito".
Los otros tres grupos parlamentarios --PP, Compromís y EUPV-_ se han sumado a esta propuesta, por lo que se ha aprobado por unanimidad que la Mesa de la comisión de investigación pida a la Mesa de las Corts que estudie si hay que trasladar o no esta situación al Fiscal.
Por otra parte, la Mesa de la comisión ha abordado los escritos remitidos a las Corts por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera, en los que explican que han solicitando un informe al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la obligatoriedad o no de comparecer en la comisión de investigación de la CAM.
La Mesa, presidida por el diputado 'popular' Rafael Maluenda, ha decidido dar un plazo hasta el 30 de septiembre para que el gobernador del Banco de España y los miembros del FRO B "resuelvan lo que plantean" y cuenten con un informe del Consejo de Estado. No obstante, ha advertido de que si llegada esa fecha no se dirigien a la comisión, se tomará "la decisión que proceda", ha señalado Maluenda.
