En dos aspectos, hasta el momento, se ha diferenciado Roberto López del resto de sus antiguos compañeros a la hora de afrontar los primeros pasos de una instrucción judicial que se prolongará durante años. Ha sido, de los cinco imputados, el único que ha obligado al magistrado Gómez Bermúdez a modificar su calendario de comparecencias (el juez pretendía que el exdirector declarara antes que su sucesora, lo que no pudo ser por compromisos previos de su abogado) como también ha sido el único que se ha negado a responder a las preguntas de Carlos Gómez-Jara, representante legal del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), personado en la causa en nombre de la CAM y al que ha contestado hasta María Dolores Amorós, según quiso destacar ayer Gómez-Jara. El letrado y también profesor de Derecho Penal consideró la actitud de López Abad, además de «significativa», no muy «estética».

A preguntas de su abogado, del ministerio fiscal y del propio juez, a quienes sí respondió, el exdirector general explicó que la situación que atravesaba la CAM era común para todas las cajas pero, aún así y en lo que bien puede interpretarse como un intento en delimitar responsabilidades, precisó que en su última etapa en la entidad estaba más volcado en el Banco SIP , preparando el proceso de fusión con Cajastur, que en la CAM. Al frente de la entidad se encontraba en esos momentos Amorós.

Respecto a créditos millonarios y luego fallidos como el que se concedió a Polaris, quien fuera el máximo responsable de las entidad durante casi una década precisó cuando se concedió la promotora era solvente y tenía negocio.

En otro momento de las casi dos horas que permaneció ante el juez,López Abad defendió la legalidad de los movimientos de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 22 de julio de 2011 tras haber perdido 1.136 millones en los seis primeros meses de ese año y tener como morosidad más de la mitad de sus préstamos a promotores inmobiliarios, según precisaron fuentes presentes en la declaración.

Ninguna explicación dio el exdirectivo de la comercialización de las preferentes y cuotas participativas ya que la negativa del imputado a responder a las preguntas del acusador particular y representante de los damnificados por estos productos financieros, el letrado Diego de Ramón, impidió que se le plantearan estas preguntas.

Tras las declaraciones y la adopción, ayer, de las medidas cautelares la instrucción judicial continuará con la citación de más testigos aunque no se descarta que pudiera aumentar la nómina de imputados.