El Gobierno aumentará el umbral de los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas, limitará a 30 años el plazo máximo de las hipotecas, y elevará a tres años la duración de los alquileres del Fondo Social de Viviendas dentro de un paquete de medidas para proteger a los colectivos más vulnerables. Estas son algunas de las propuestas presentas ayer por el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la defensa en el Congreso del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se presentarán como enmiendas al texto original.

Estas medidas afectarán a la Ley Hipotecaria, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de otras que hacen referencia al Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo.

Así, según adelantó De Guindos, el Gobierno quiere que los intereses de demora de las hipotecas se limiten a tres veces el tipo de interés legal del dinero, actualmente en el 4%. Además, se reforzará la independencia de las tasaciones y la banca estará obligada a aceptar cualquier tasación homologada que aporte el cliente. Con el mismo objetivo, se reducirá del 25 % al 10 % la participación máxima que una entidad puede tener en el accionariado de una sociedad de tasación.

Asimismo, se quieren agilizar los procedimientos judiciales y realizar subastas "on line" de las viviendas, además de limitar a 30 años el plazo máximo para las hipotecas que puedan ser objeto de titulización. En este sentido, el ministro dijo que no se prohibirá la concesión de hipotecas a más de 30 años, solo que éstas no podrán utilizarse para la emisión de cédulas hipotecarias, lo que complica la financiación de las entidades y, por tanto, supone una limitación indirecta.

De Guindo justificó esta decisión porque "si nos vamos a más plazo, la posición del deudor puede ser más vulnerable (...) 30 años, es un límite suficientemente amplio", señaló.

Otra de las medidas contempla que en una ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, el juez podrá condonar el pago de la deuda en el caso de que el deudor abone el 65 % del total pendiente en el quinto año desde la adjudicación del bien tras el proceso de subasta, o el 80 % en el décimo año. Y, en el caso de que la entidad que se queda con la casa obtenga ganancias con su venta en esos 10 años, el 50% de ese beneficio deberá emplearse para reducir la deuda del hipotecado.

Subastas

También se prevé rebajar el aval necesario para participar en las subastas de los inmuebles embargados desde el actual 20% al 5% del valor de tasación, y ampliar el plazo de 20 a 40 días para que el adjudicatario encuentre financiación. Igualmente, el Ejecutivo propone impedir que la tasación que se utiliza para la subasta sea inferior al 75 % del valor de tasación del inmueble en el momento de la escritura y establecer que hasta que no se hayan producido tres impagos, no se reclamen las cuotas al deudor.

En cuanto a las diferentes cláusulas abusivas, como las denominadas de "suelo", el Gobierno exigirá la expresión manuscrita de su aceptación en la escritura de la hipoteca. Sobre el Código de Buenas Prácticas, el ministro explicó que el Gobierno ampliará el umbral para los beneficiarios, con lo que podrían acceder familias con ingresos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 1.600 euros mensuales.