Los nacionalistas de CiU y del PNV han registrado en el Congreso una proposición no de ley conjunta con la que piden a la dirección de Coca-Cola Iberian Partners que "agote todas las posibilidades de negociación" con los sindicatos antes de ejecutar el expediente de regulación de empleo (ERE) que tiene planteado, y en la que también reclaman al Ejecutivo que se "implique" en el conflicto para "abrir espacios" de diálogo entre ambas partes.

La propuesta de las formaciones nacionalistas se parece a las que tanto PSOE como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) tienen registradas en la Cámara Baja, aunque sin llegar a exigir a la empresa que suspenda un ERE que, según los socialistas y la coalición de izquierdas, "no tiene sentido y justificación alguna" cuando está consiguiendo "beneficios sustanciosos".

Así, nacionalistas catalanes y vascos se limitan a reclamar a la dirección de la empresa que "agote todas las posibilidades de negociación con los representantes de los trabajadores" avisando del "impacto" que el ERE puede tener en el empleo y la "alarma social" que se ha generado "en un momento tan delicado de la situación económica y social", que "aconseja extremar al máximo la prudencia".

No obstante, los textos de unos y otros sí coinciden en exigir la implicación del Gobierno para "propiciar un espacio de diálogo y negociación" que conlleve la "presentación y discusión de un Plan Industrial y de Empleo" con el objetivo de hacer compatible la prioridad de mantener los puestos de trabajo y los centros de producción con la "implantación de las políticas y estrategias que la empresa considere para competir en el mercado".

Aunque en un primer momento se planteó la posibilidad de que los grupos de la oposición que respaldan las peticiones sindicales --de momento, PSOE, IU-ICV-CHA, CiU, el PNV y gran parte del Grupo Mixto-- presentaran una iniciativa conjunta, finalmente se ha impuesto la opción de que cada formación registre su propio texto.

Coca-Cola Iberian Partners ha presentado un ERE para 1.253 trabajadores (el 30% de la plantilla) que conllevará además el cierre de las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Alicante, Oviedo y Palma de Mallorca. El pasado viernes concluyó sin acuerdo el plazo de negociación a pesar de las mejoras en el expediente planteadas por la dirección. Ahora, los sindicatos cuentan con quince días para impugnar el ERE y posteriormente será la autoridad laboral la que dirima el conflicto.