La Generalitat mantiene la obligatoriedad de la prueba de sonometría en la Inspección Técnica de Vehículos en contra de las recomendaciones de los propios técnicos de la Conselleria de Economía e Industria, que dudan de su efectividad. Así figura en un informe redactado el pasado mes de marzo por la jefa de servicio de Calidad y Control Industrial, Vehículos y Metrología, María Dolores Tarrazona, en el que recomendaba directamente la eliminación de un examen que encarece la factura final que paga el consumidor cuando acude con su vehículo a pasar la ITV.
Este informe se elaboró poco antes de que expirase el plazo de vigencia de las tarifas aprobado un año antes y con la intención de elevar sugerencias a la Dirección General de Economía a la hora de fijar la tabla tarifal para 2014. El Consell había mantenido estables los precios en los últimos años, pese a contar con las tarifas más elevadas de toda España.
En abril, la Conselleria de Economía dio luz verde al nuevo marco de precios, que se redujeron por primera vez desde la privatización de 1997. El servicio se abarató un 17%, incluida la prueba de sonometría, que se mantuvo en vigor, aunque pasó de engordar la factura en casi diez euros a hacerlo en 2,48 euros.
El informe de la jefa de servicio de la Conselleria viene a concluir que la sonometría no aporta realmente datos adicionales sobre el estado de un vehículo. «La inspección mecánica de ITV detecta prácticamente la misma cantidad de vehículos defectuosos que la inspección sonora, o dicho de otra forma, la experiencia viene a concluir que los vehículos que presentan anomalías en la emisión sonora ya son detectados en la previa inspección mecánica», dice.
La Comunidad Valenciana es la única autonomía de España que tiene establecido este examen en su servicio de inspección. La legislación estatal sólo fija obligatoriedad para motos y ciclomotores. Éste es uno de los factores que encarece el precio de la revisión, el más alto de España hasta el pasado mes de abril. Pero, además, imposibilita que los coches matriculados en territorio valenciano opten por pasar la ITV en otras comunidades vecinas más baratas. Aunque esta práctica existe, realmente no exime de sanciones por no cumplir la revisión periódica.
Fran Ferri, portavoz adjunto de Compromís que ayer reveló la existencia del informe de los técnicos de la Conselleria de Economía, señaló que, aunque «se ha denunciado la inutilidad de la sonometría desde su instauración», por primera vez un documento de la Generalitat «reconoce que en los últimos diez años se han regalado 150 millones de euros a las empresas que gestionan las ITV que hemos pagado los valencianos y valencianas».
El parlamentario dijo que «cada vez hay más pruebas que indican que lo que ha habido detrás de la instauración de la prueba de sonometría ha sido la intención del Consell de beneficiar al máximo a las concesionarias de la ITV». También señaló que «estamos ante otro negocio millonario para unos pocos que los valencianos hemos pagado muy caro y que ha perjudicado gravemente la competividad de sectores como el transporte, una estafa que el Gobierno del PP no está dispuesto a cortar de una vez». El diputado de Compromís tiene previsto preguntar a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, sobre las razones de que se mantengan la prueba sonométrica.
El servicio de Inspección Técnica de Vehículos se privatizó en 1997, dos años después de la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat.
