Con nada más y nada menos que 40,7 millones de euros de pérdidas cerró el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el ejercicio 2013. Y lo hizo lastrado por el rescate fallido de la empresa ilicitana Kelme y por otros préstamos morosos que inicialmente no se habían contabilizado y que, ahora, sí aparecen tras la reformulación del balance anual, que recoge la Cuenta General de la Generalitat y que ha hecho pública la Conselleria de Hacienda.
De entrada, la polémica saltó después de que Valencia Plaza publicara a primeras horas de la mañana que la actual directora del IVF, Mariona Roger -que sucedió en el cargo a Enrique Montes el verano pasado, después de que éste saltara a la Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos- hubiera aflorado pérdidas de 37 millones de euros, frente a los 4 millones de euros de agujero que se recogían en el primer balance, del que ayer ya no quedaba ningún rastro en la web del Consell.
Sea como sea, en este último documento que sí se pueden consultar a través de la página de Hacienda, se reconoce que las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 fueron formuladas el 31 de marzo de 2014 por Enrique Montes, entonces director general del IVF y desde julio del año pasado secretario autonómico de Hacienda. Para ese entonces, cuando se hizo efectivo su nombramiento, las cuentas anuales no se habían elevado al consejo general para su aprobación y Mariona Roger, que le sucedió en el cargo en agosto, optó por reformularlas y asumir las «salvedades» que recogía un informe de auditoría de 6 de noviembre que hablaba, literalmente, de «incumplimientos de legalidad» y «omisiones de información relevantes» en las primeras cuentas.
Así las cosas, y siguiendo esas observaciones de la auditoría, el IVF incluyó en las nuevas cuentas dotaciones de préstamos de empresas privadas por 20,3 millones, de los que 12,3 se correspondían con las «salvedades» del informe de auditoría de 6 de noviembre de 2014, y los 8 millones restantes eran por hechos acontecidos con posterioridad. A ello, además, se sumó lo que en las nuevas cuentas denominan la cuantificación de «una incertidumbre como consecuencia de la ejecución de una opción de venta». Con ello, en concreto, el documento alude a una provisión por riesgos y gastos de 16,5 millones por las opciones de venta que Banco Sabadell y Bankia tienen de las participaciones en la mercantil Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, que es la sociedad que se creó para rescatar a Kelme y que está en fase de liquidación.
En cualquier caso, desde la Conselleria de Hacienda se justificaron diciendo que, cuando se produjo el relevo en el IVF, faltaba el informe de auditoría por «una incompatibilidad sobrevenida»: Mariona Roger, para entonces ya directora del banco del Consell, procedía de la firma PwC, que era quien hacía inicialmente la auditoría. Fue así como se sacó a licitación la auditoría y se designó a la empresa Audit Ibérica, que acabó elaborando ese informe de noviembre. «La aparición de estas salvedades se produce porque entre la fecha inicial y la final en la que se realiza el nuevo informe hay una variación en la situación contable y esta variación es la que se quiere dejar reflejada en las nuevas cuentas. En un ejercicio ordinario no hubiese pasado y hubiese quedado cada cosa en su ejercicio», alegaron desde la Conselleria de Moragues.
Por su parte, el responsable de Economía del PSPV y número 1 de la candidatura socialista por Alicante a las Cortes, Julián López, anunció ayer que su partido va a presentar una propuesta para dar un giro en el funcionamiento del IVF, analizar la situación, y estudiar todos los casos para, así, buscar soluciones para los créditos de dudoso cobro.
