Casi cuatro años después de que la Audiencia Nacional comenzará a investigar la gestión de la CAM, la magistrada Carmen Lamela decretó ayer la apertura de juicio para la última cúpula de la entidad acusada en la que se ha venido llamando pieza principal: la que ha centrado las pesquisas en el supuesto falseo de las cuentas de la entidad y la asignación para al cuadro directivo de retribuciones más elevadas que a las que tenían derecho.
En un auto notificado ayer la magistrada no sólo acerca más al banquillo al expresidente Modesto Crespo, a los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y a los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa (para los que se reclaman penas que en algunos casos alcanzan los 17 años aunque la media ronda los 7) sino que les impone además el pago de la fianza más elevada que se ha fijado en un procedimientos bancario y una de las altas en la historia judicial española: 1.592.494.000 euros. Un aval que la instructora reclama para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que, en caso de condena, pudieran derivarse de este procedimiento.
La juez da un plazo de «24 horas» a los acusados para que, de forma solidaria, hagan frente al pago de este aval del que considera responsable civil directo a Caser (la aseguradora con la que la CAM tenía contratada una póliza cuya cobertura sólo alcanza hasta los 15 millones) y responsables civiles subsidiarios al Banco de Sabadell y a la Fundación CAM.
La decisión de la juez supone un auténtico varapalo para el Sabadell, que podría verse obligado a afrontar la mayor parte de los casi 1.600 millones de fianza. Una cantidad que, por ejemplo, supone más del doble de los 708 millones de beneficios que obtuvo el año pasado, y eso gracias a la aportación que realizó a sus cuentas el banco británico TSB, que adquirió en la primavera pasada.
Desde el banco, cuyos servicios jurídicos pidieron ayer mismo una aclaración del auto, se niegan a valorar la posibilidad de tener que pagar (que califican de un mero supuesto) y se muestran convencidos de que la juez rectificará. No obstante, el impacto sobre sus cuentas dependerá de si decide provisionar toda la cantidad en un solo trimestre o si puede hacerlo a lo largo de todo el año, lo que le daría más margen para asumir el golpe en el supuesto de que mantenga el planeamiento. También podría optar por dotarlo contra reservas. Sea como fuere, desde el banco recuerdan que cuentan con más de 12.200 millones de recursos propios, por lo que su solvencia no se vería comprometida en ningún caso.
En cualquier caso, lo cierto es que la obligación de realizar este desembolso no llega en el mejor momento, ante los problemas de rentabilidad que afronta todo el sector financiero. La caída de tipos y la entrada en negativo del euríbor dificulta enormemente a los bancos conseguir los ingresos suficientes para mantener sus estructuras actuales, lo que les está llevando a anunciar nuevos recortes de plantilla y de sucursales, como hacía la semana pasada el Santander.
Bajada en Bolsa y fuera del EPA
Un escenario, por tanto, en el que aún resulta más complicado generar el dinero necesario para afrontar un gasto extraordinario de este tipo. En el caso del Sabadell, además, hay que sumar los rumores sobre el interés de uno de sus máximos accionistas, el colombiano Jaime Gilinski, de abandonar el capital de la entidad.
Así, los inversores castigaban ayer la cotización del banco en la Bolsa, donde las acciones del Sabadell llegaron a bajar casi un 4% durante la sesión, aunque finalmente limitaron las pérdidas al 2,38% al cierre de la jornada.
Hay que tener en cuenta, además, que, según el propio Sabadell, el pago de la fianza no estaría cubierta en ningún caso por el Esquema de Protección de Activos (EPA) que se le concedió en su día para hacer frente a las pérdidas derivadas de los ruinosos negocios inmobiliarios de la CAM, no para abonar posibles responsabilidades civiles derivadas de actuaciones supuestamente delictivas de quienes fueran directivos de la caja.
«No nos sentimos requeridos»
Desde la Fundación CAM, entidad a la que hacer frente a esta fianza podría colocarla en una situación extremadamente delicada, aseguraron ayer «no sentirse requeridos» por la decisión de Lamela y agregaron que, aunque el auto de apertura de juicio no admite recurso, sí apelarán contra la imposición del aval una vez les sea requerido en firme «porque hay argumentos para defenderse».
Para que la reclamación se haga efectiva es preciso que antes se declare la insolvencia de los acusados (a los que el primer instructor, Javier Gómez Bermúdez, ya impuso una fianza solidaria de 35 millones que después la Audiencia rebajó a 27) y que Caser, como responsable civil directo, aporte los 15 millones que cubre su póliza.
No puede aventurarse aún cuándo se celebrará el juicio.
