De un delito de apropiación indebida agravada o, alternativamente, de uno de administración desleal considera el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol que son culpables el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, quien fuera el último presidente de la caja, Modesto Crespo, y los 19 miembros del consejo de administración que con su visto bueno convirtieron al empresario ilicitano en el primer presidente de la entidad que cobraba por ocupar un cargo que en los estatutos figura como «honorífico y gratuito». Así lo ha hecho constar el acusador público en el escrito que ayer remitió al juzgado de Instrucción 5 de Alicante, en el que se está tramitando la causa después de que la Audiencia Nacional, donde se ha instruido, se inhibiera a su favor.
Además de solicitar que se juzgue a los 21 acusados en esta pieza, el fiscal sostiene que López Abad «ideó un plan para burlar» los límites que existían en la percepción de retribuciones para los consejeros generales de la caja, entre los que se encontraba el presidente, y pagarle, «además de las dietas a las que tenía derecho, otros 300.000 euros anuales más».
Para ello, según relata Rodríguez Sol, el entonces director general propuso primero a la comisión de retribuciones y después al consejo de administración que se nombrase a Crespo presidente de una participada de la caja (Tinser Cartera S. L.) y se le retribuyese con esos 300.000 euros al año, una parte con carácter retroactivo, como si se tratase de una dieta.
Tanto la comisión de retribuciones (compuesta por el vicepresidente Antonio Gil-Terrón y los consejeros Luis Esteban y Martín Sevilla) como el consejo dieron luz verde a la propuesta, según sostiene el fiscal frente a lo declarado por la mayoría de los conejeros que mantienen que el punto de las retribuciones nunca se llevó al consejo y que fue introducido posteriormente en el acta. Una afirmación que Rodríguez Sol no ha considerado probada.
Prueba de que, según precisa el fiscal, no hacía falta que se creara en Tinser el cargo por el que Crespo se embolsó los 600.000 euros es que el anterior administrador, Alfonso Rodriguez Rabadán, continuó ejerciendo como tal, que el empresario de Elche no participó en la toma de ninguna decisión relativa a la mercantil y que «fueron meramente formales las juntas de dicho consejo, que nunca se reunió físicamente».
En cuanto a la responsabilidad penal de los acusados, el Ministerio Público distingue entre López Abad, a quien considera inductor y cooperador necesario, y el expresidente y los 19 miembros del consejo que aprobó los pagos, a los que atribuye la categoría de autores. Para los dos primeros solicita cuatro años de cárcel, pena que reduce a tres en el caso de los miembros de la comisión de retribuciones (la primera que dio el visto bueno a la propuesta), y que deja en dos para el resto de los consejeros. A todos ellos se les piden multas que sumadas superan el 1,2 millón de euros y la inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. A Crespo se le reclama además el decomiso de lo cobrado.
