Las indemnizaciones por despido acapararon el pasado año el grueso del importe que abonó el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en la provincia. Representaron el 64,1% de los 30,1 millones que el organismo pagó a trabajadores afectados por los expedientes presentandos por empresas que, por cierre o proceso concursal, no podían pagar deudas contraídas con sus empleados.

El hecho de que sean las compensaciones económicas por despido las que representen gran parte de la deuda con los trabajadores, por encima de los salarios, viene a mostrar que la crisis aún sigue pasando factura a la actividad de las empresas y a la masa laboral, a pesar del repunte de la economía, como vienen indicando distintos indicadores macroeconómicos.

Durante el pasado ejercicio el organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tramitó un total de 2.971 expedientes, que suponen un descenso del 10,10% en relación al año anterior. En su conjunto fueron 1.450 las empresas -88 menos que en 2015- que recurrieron al Fondo y 4.461 los empleados afectados -544 menos- por la crisis financiera de las compañías donde trabajaban, según los datos comparativos del organismo autónomo.

Del total de la deuda que tuvo que abonar el Fogasa, 10,8 millones fueron por salarios impagados, mientras que 19,3 se correspondieron con inmdenizaciones. En ambos casos, el importe significa un descenso en relación al año anterior, del 7,3% y del 12,0%, respectivamente. Una bajada asociada a un menor número de expedientes y trabajadores afectados.

No obstante, en este aspecto los sindicatos vienen advirtiendo de que desde el inicio de la crisis se ha producido un importante descenso en la masa salarial de los trabajadores, así como de las propias indemnizaciones, tras la aprobación de la reforma laboral que «supuso un abaratamiento del despido», subrayan tanto desde CC OO como desde UGT.

Bajos salarios

En 2015, el salario medio anual alcanzó los 15.425 euros, cuantía inferior a los 17.019 de promedio que percibieron los asalariados autonómicos y aún más baja que la retribución media a nivel estatal, que se situó en los 18.645 euros, según los datos de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, desde la aprobación de la reforma laboral, el despido objetivo -justificado y con causa- es de 20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 meses. Y la indemnización por despido improcedente del contrato indefinido ordinario se rebajaba de 45 días por año trabajado a sólo 33.

La reforma laboral también llevó aparajeda una limitación en los pagos del Fogasa. A nivel general, rebaja la protección del Fondo a los trabajadores de empresas de menos de 25 empleados a ocho días de salario por año servicio y en los supuestos de despidos procedentes, cuando antes cubría el 40% del total de la indemnización, advierten desde los sindicatos.

A pesar de que el pasado año bajó el desembolso que tuvo que hacer el Fogasa para cubrir las deudas salariales y de indemnizaciones de las empresas que presentaron un expediente, Alicante se mantiene en el grupo de cabeza entre las provincias donde el importe de prestaciones del Fondo es mayor. La primera es Madrid, con más de 268 millones, seguida de Barcelona, con 123 y Valencia, con 108.