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Los transportistas alicantinos preparan demandas contra el «cártel del camión»

Las compañías del sector exigen compensaciones por el pacto que los grandes fabricantes mantuvieron durante años para elevar artificialmente el precio de los vehículos

Los transportistas alicantinos preparan demandas contra el «cártel del camión»

Durante 14 años los principales fabricantes de camiones -MAN, Volvo/ Renault, Daimler-Mercedes, Iveco y DAF- mantuvieron un pacto secreto para elevar artificialmente el precio de sus vehículos, lo que les permitió cobrar un sobrecoste de aproximadamente un 10% a sus clientes sobre el importe que hubieran obtenido en condiciones de libre competencia. Una práctica ilegal que en julio del año pasado les costó la mayor multa impuesta nunca por la Comisión Europea -más de 2.900 millones de euros- y que ahora ha abierto la puerta a que los transportistas de todo el continente puedan reclamar en los tribunales de justicia el daño ocasionado.

Las principales asociaciones sectoriales de todo el país ya se están movilizando para organizar a los afectados y, en el caso de Alicante, la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama) ya cuenta con más de 80 compañías y autónomos interesados en demandar, según confirma a este diario su secretario general, Francisco Ortiz. La patronal alicantina, además, pondrá en marcha a partir de la próxima semana un servicio específico para informar a todos sus asociados de esta posibilidad y canalizar las reclamaciones.

«Para nosotros el camión es nuestra principal herramienta de trabajo y uno de los mayores costes. La única opción de rebajarlo es la competencia entre las diferentes marcas y, si no existe, estamos vendidos», señala Ortiz, que cifra en unos 90.000 euros el precio medio de una cabeza tractora.

Lo que es incapaz de calcular el responsable de Fetrama es el dinero que podrán recuperar los afectados, ya que dependerá de cada caso. «Cada uno debe presentar un informe pericial para cifrar el sobreprecio o el perjuicio ocasionado por el "cártel"», señala Francisco Ortiz, una cifra que dependerá del modelo, el tonelaje o el año de matriculación.

En cualquier caso, las distintas asociaciones y bufetes que han gestionado los primeros casos en toda España estiman una horquilla de entre 5.000 y 20.000 euros por vehículo. «De momento ya tenemos unos 80 o 90 interesados entre nuestros asociados, antes de haber puesto en marcha el servicio, pero estamos seguros de que serán muchos más. Ahora está todo el mundo un poco a la espera», apunta el responsable patronal.

El principal motivo de precaución entre los posibles afectados es el coste del citado informe pericial y también las posibles costas judiciales, ya que el pleito es por la vía civil, si no se obtiene un fallo favorable.

Las marcas confesaron

No obstante, a su favor tienen que las propias marcas reconocieron el acuerdo ilegal, lo que les permitió llegar a un pacto con la Comisión Europea para reducir la multa. De hecho, el denunciante del «cártel» fue una de ellas, MAN, que gracias a su confesión consiguió librarse por completo de la sanción gracias al programa de clemencia de las autoridades europeas.

Según Bruselas, los cinco fabricantes multados mantuvieron durante 14 años -desde 1997 hasta 2011- un pacto secreto en toda Europa para aumentar el precio de sus camiones pesados y evitar que la competencia entre ellos les obligara a bajarlos. Además, también llegaron a acuerdos para retrasar de forma coordinada la introducción de tecnologías para limitar las emisiones contaminantes de los vehículos y, además, decidieron de forma conjunta cómo repercutir el coste de estas nuevas tecnologías a sus clientes.

Como señala el propio informe de la dirección general de Competencia de la UE, estos cinco fabricantes son los responsables de la comercialización de nueve de cada diez camiones pesados en Europa y que este medio de transporte resulta «esencial» para el funcionamiento de la economía europea, ya que es el responsable del traslado de la mayoría de mercancías.

Más investigados

Entre los sancionados, es Daimler-Mercedes la que debe afrontar la mayor sanción, con 1.008 millones de euros; seguida por DAF, con 752 millones; Volvo/ Renault, con 670; e Iveco, con 494. La Comisión también investiga a Scania que, al contrario que el resto de fabricantes, no quiso llegar a un acuerdo. Según un reciente informe de la patronal Aniacam, por la provincia circulan en estos momentos 5.503 camiones pesados y 6.503 cabezas tractoras.

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